En la última década, en el viejo continente, una de las principales características de la coyuntura política ha sido el auge de la ultraderecha. Una tendencia confirmada en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, pues en ellas dichos partidos obtuvieron los mejores resultados de su historia, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa.

En 2014, las anteriores formaciones consiguieron el 15,7% de los escaños en liza, un porcentaje sustancialmente inferior al de los socialdemócratas europeos (25,4%). En los recientes comicios, la preeminencia se invirtió, al obtener la extrema derecha el 21,2% de los representantes y los progresistas únicamente el 18,9%.

No obstante, desde mi perspectiva, el elemento más destacable del ascenso de la ultraderecha es su creciente influencia en las tres naciones más pobladas de la Unión Europea: Alemania, Francia e Italia. En el primer país, en los comicios europeos de 2024, Alternativa por Alemania quedó en segundo lugar, cuando 10 años atrás ocupó la quinta posición.

En las otras dos naciones, Reagrupación Nacional y Hermanos de Italia ganaron las elecciones. El partido de Marine Le Pen ya lo había hecho en 2014. Sin embargo, el aspecto más relevante fue el gran aumento de votos recibidos. En la primera fecha, obtuvo el 24,9% de los emitidos; en cambio, hace unos días, logró el 46,9%. Indudablemente, un espectacular crecimiento del apoyo popular. No obstante, por debajo del obtenido por la formación de Giorgia Meloni, cuyo porcentaje de sufragios en una década ha pasado del 3,7% al 28,8%.

En una sustancial medida, el éxito de la extrema derecha está basado en tres características: la disminución del poder adquisitivo de una significativa parte de los europeos, el creciente descontento con la actuación de los partidos tradicionales (especialmente los socialdemócratas) y una mejor comunicación de sus propuestas, principalmente de las realizadas través de las redes sociales.

A una parte de los electores, las medidas prometidas por los partidos de ultraderecha les ilusionan con una vida mejor, esencialmente en materia de seguridad y economía. En el último tema, hacen un diagnóstico bastante acertado de los problemas actuales y ofrecen soluciones sencillas, pero falsas y tramposas, para lograr un aumento de la renta y la riqueza de los ciudadanos. No constituye nada nuevo, pues lo anterior forma parte del ADN de los partidos populistas de uno y otro signo ideológico.

En las siguientes líneas, voy a desgranar sus principales propuestas económicas y desmitificarlas. Una tarea bastante sencilla, pues no son nada elaboradas:

1) Te será más fácil encontrar trabajo. Una medida destinada principalmente a obtener el voto de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados. Una promesa sustentada en un control más riguroso de la inmigración. El razonamiento es fácil, pero falaz. Si disminuye el número de inmigrantes, se reduce la competencia por conseguir un trabajo. Por tanto, tendrás más oportunidades de encontrar uno y estarás menos tiempo en el desempleo.

En primer lugar, la inmensa mayoría de los inmigrantes trabajan donde no quieren hacerlo los ciudadanos del país. Por regla general, son los empleos con una mayor carga física, peores horarios y un salario inferior. En España, lo observamos claramente. La mayoría de los nuevos trabajadores de la construcción, los que cuidan a los ancianos en sus casas y un porcentaje creciente de los que nos atienden en la hostelería no nació en nuestro país.

En segundo, la mayor empleabilidad de los inmigrantes respecto a los nacionales permite cubrir numerosos empleos vacantes, hace viables muchas empresas e incrementa la actividad económica y la riqueza. Por tanto, de manera indirecta, crea empleos mejor pagados y de menor desgaste físico. La mayoría de ellos son ocupados por los nacidos en la nación.

2) Obtendrás un salario superior. El incremento de la remuneración salarial vendrá generado por tres motivos: una menor afluencia de inmigrantes, la disminución de los tipos impositivos del IRPF y una reducción de las cotizaciones sociales abonadas por las empresas y los trabajadores.

a) La disminución del número de nuevos inmigrantes. Un menor flujo de inmigrantes contraerá la oferta laboral y hará que los empresarios tengan más dificultades para encontrar candidatos para los puestos de trabajo vacantes. Por tanto, para convencerte de que elijas su compañía y no te vayas a otra, estarán obligados a pagarte un salario superior al percibido en la actualidad.

Un argumento aparentemente sólido, pero realmente muy endeble, pues es contradictorio con los objetivos de las reformas laborales propuestas por dichos partidos. Dichas normas pretenden beneficiar los intereses de los empresarios y perjudicar los de los trabajadores, al conceder en el diálogo social más prerrogativas a las patronales y menos a los sindicatos.

No lo dicen abiertamente en sus programas, pero de su lectura se deduce claramente quién es prioritario para ellos y quién tiene un rol secundario. Entre líneas, queda claro que le dan más importancia al aumento de los beneficios de las empresas que al de los salarios. Por tanto, si su líder es el presidente del Gobierno, difícilmente los trabajadores obtendrán un gran aumento de remuneración real. Indudablemente, los más perjudicados por las medidas adoptadas serán los empleados menos formados.

Las nuevas normas laborales facilitarían el despido barato, la contratación temporal de trabajadores (incluso por días y horas), la conversión de asalariados en falsos autónomos y no penalizarían a las empresas que no abonaran las horas extras efectuadas por sus empleados. En resumen, conducirían a una pérdida de los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de las últimas décadas.

La reforma laboral deseada por dichos partidos se asemejaría bastante a la efectuada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a pesar de que el PP no es una formación de extrema derecha. Una norma cuyo principal objetivo era aumentar la competitividad de las empresas nacionales mediante la disminución de la remuneración real obtenida por los trabajadores. En otras palabras, traspasar renta desde los asalariados a los empresarios.

b) La reducción de los tipos impositivos del IRPF. Una medida que permite aumentar el salario neto de los trabajadores, al quedarse la Administración una menor parte del bruto. Una actuación que beneficia notablemente a los empleados que perciben una elevada remuneración y apenas a los que obtienen una escasa.

Dos ejemplos son las propuestas de tipos impositivos fijos del 16% y 20% efectuadas por Fidesz (partido de Viktor Orbán) y Vox, respectivamente. Un tipo estable para cualquier nivel de ingresos eliminaría la progresividad del tributo existente actualmente en numerosos países. Por tanto, si se adoptara, los hogares que más ganan dejarían de pagar proporcionalmente más que los que menos cobran.

En Madrid, el tipo impositivo marginal de dos contribuyentes, cuyos ingresos anuales son de 250.000 y 25.000 euros, es del 43% y 27,8%, respectivamente. Con la aplicación de la propuesta de Vox, el tipo sufragado por cada uno de ellos descendería en 23 y 7,8 puntos. Entre sus principales repercusiones, estaría una mayor desigualdad en la distribución de la renta y una menor recaudación tributaria.

La anterior medida favorecería claramente al primer individuo, pues en la actualidad paga más a la Administración de lo que obtiene de ella. En cambio, el segundo resultaría perjudicado, pues a él le sale rentable abonar el actual tipo impositivo, pues el Estado le da más de lo que le paga a través de tributos y tasas. En nuestro país, según Fedea, el 80% de los ciudadanos responde a las características del último perfil.

c) La disminución de las cotizaciones sociales. La propuesta es una pequeña disminución de las que paga directamente el trabajador y una elevada de las que abona indirectamente el empresario. En teoría, el primero saldría ganando por dos vías: un inferior descuento de dinero en su nómina y un mayor aumento de su salario bruto debido a la menor cuantía destinada al pago de las cotizaciones sociales por parte de la compañía.

Una vez más, un argumento aparentemente correcto, pero tramposo. El importe abonado por las empresas a la Seguridad Social por dicho concepto forma parte del salario de los trabajadores. No obstante, no lo perciben en la actualidad, sino unos años después, pues le concede el derecho de percepción de una pensión contributiva.

Durante su vida laboral, si el empleado directa e indirectamente disminuyera su aportación a la Seguridad Social, recibiría una cuantía inferior cuando accediera a la jubilación. Por eso, en nuestro país la mayoría de los autónomos perciben una pensión inferior a la de los asalariados. Los primeros podían elegir el importe mensual destinado a cotizaciones sociales y la inmensa mayoría (en 2022 más del 85%) escogió pagar lo mínimo. Los segundos no tenían dicha posibilidad y lo que pagaban estaba en consonancia con la remuneración obtenida.

Dicha medida tendría como principales beneficiarios a las empresas y entidades financieras. Las primeras debido a la disminución de su coste laboral, pues lo que dejarían de pagar a la Administración sería superior al incremento del salario abonado a sus empleados. Los segundos porque la nueva norma incentivaría a una parte de los trabajadores a contratar un plan de pensiones privado.

En definitiva, en los temas económicos, la extrema derecha pretende favorecer a los hogares con mayores ingresos y perjudicar a los que menos tienen. No obstante, para obtener el apoyo de los segundos, intentan captar sus votos con falsas promesas. Aunque a una sustancial parte de ellos les suenan muy bien, un análisis de sus indirectas repercusiones a corto y medio plazo rompe el encanto de sus atractivos eslóganes.

A pesar de ello, en los últimos años un porcentaje creciente de los hogares obreros vota a la ultraderecha. En una sustancial medida, lo hace porque la izquierda tradicional les ha abandonado y nadie más que las anteriores formaciones les ofrece una esperanza de mejora sustancial de su nivel de vida. Los partidos progresistas les han convertido en huérfanos políticos y la extrema derecha ha sido la única alternativa de adopción que les ha salido.

El desconcierto ideológico de los partidos progresistas europeos ha beneficiado notablemente a la ultraderecha. En los últimos años, pero especialmente en la postrera década, sus propuestas han preferido dirigirlas a los hogares acomodados con una gran sensibilidad medioambiental que a las familias con menos ingresos. Una decisión sorprendente, pues los primeros son menos y la competencia por sus votos es mucho más dura que la existente por los sufragios de los segundos.

Aunque en la última década los resultados obtenidos por los partidos progresistas han sido decepcionantes, en sus cúpulas no atisbo ningún propósito de enmienda. Por dicho motivo, no me extrañaría nada que los excepcionales resultados obtenidos por la ultraderecha en las últimas elecciones europeas sean superados por los logrados en las próximas.

A pesar de ello, tengo una esperanza. Consiste en que uno de los principales partidos de ultraderecha gobierne en su país y una elevada parte de la población europea se dé cuenta de que el lobo, aunque tenga la apariencia de un cordero, continúa siendo un lobo.