Si nos ceñimos a las definiciones de la RAE –que siempre limpia, fija y da esplendor, excepto cuando se pone exquisita y elimina esa tilde que ayuda a distinguir un adverbio de un adjetivo– no será necesario que nos devanemos los sesos ni que saquemos humo por las orejas a la hora de concluir que la inmensa mayoría de nuestra clase política son una pandilla de tramoyistas, trileros e infames de tomo y lomo.
El tramoyista, como bien saben, es el encargado de manipular la tramoya en los teatros, el conjunto de mecanismos que mueven o corren telones, decorados, utilería y atrezo entre escenas; el trilero es el profesional del trile callejero, experto en lograr que usted y yo enfoquemos nuestra atención en el cubilete equivocado; y, finalmente, el infame es directamente un vil malnacido que no merece ni el aire que respira, un felón, un desaprensivo. A estos tres calificativos añadan todos los que más les gusten, porque también son ciertos.
Va de tramoyistas y trileros. Desde hace unos cuantos días, tras todos los reveses sufridos por la infumable Ley de Amnistía Carles Puigdemont –que tumbó de una certera coz Míriam Nogueras por orden de su autor y principal beneficiario–, y ante la inminencia de las elecciones al Parlamento de Galicia, Pedro Sánchez y todos los chiripitifláuticos sanchistas corrieron un tupido velo sobre el tema de la amnistía.
En ese asunto el PSOE sigue recibiendo bofetadas hasta en la partida de bautismo: varapalos en Bruselas; suspicacia y recelo de la Comisión de Venecia, que no se traga el discurso de Félix Bolaños de que esa felonía que se disponen a perpetrar sea en aras de la convivencia; oposición férrea de casi tres quintas partes de la ciudadanía, incluyendo a miles de socialistas desencantados ante la enajenación y desvergüenza del autócrata que controla el partido; y como guinda a tan monumental rifirrafe, firmas colectivas, malestar generalizado e incontables protestas por parte del Poder Judicial, al que Felipe VI ha instado a mantenerse firme en su independencia durante la entrega de despachos en Barcelona a una nueva promoción de jueces, y a velar por la igualdad de todos ante la ley.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, cansado de insultos, descalificaciones y acusaciones de prevaricación y lawfare, volvió a insistir, por enésima vez: “Hagan el favor de dejarnos en paz”. Por toda respuesta a esa ola de insatisfacción generalizada, Óscar Puente, ministro de Transportes, quiere que la amnistía se apruebe cuanto antes para descongestionar los juzgados: “Esta ley es la solución más necesaria para ahorrar el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos no está”. Me pinchan y no sangro. Madre de Dios, qué cenutrio.
Sánchez, consciente del monumental desgaste que conllevan sus barrabasadas a fin de mantenerse en el poder, dio la orden: ni una sola mención a la amnistía hasta conocer los resultados de las elecciones autonómicas gallegas.
A raíz de las imprudentes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo –probablemente motivadas por esa carta de Carles Puigdemont en la que se lamentaba de su poco tino al no haber optado por pactar con los populares– en las que admitió que sondearon la predisposición de Junts –y también la de ERC, según Marta Rovira– a apoyar por activa o pasiva su investidura, los trileros de la secta sanchista se han despachado a sus anchas, vapuleando al líder de los populares, que con su habitual desatino y proverbial verbidesgracia siempre acaba brindando a los zurdos la jofaina en la que lavar sus muchas miserias y mugre moral.
No. El debate sobre la amnistía, debido a su absoluta impopularidad, debía ser evitado a fin de salvar al PSOE de una debacle en las gallegas, pero en el ruedo ibérico, con tanto mentecato en liza, todo resulta imprevisible y el sol sale por Antequera. Las negociaciones debían mantenerse en secreto. Pero visto lo visto, Félix Bolaños, desde Barcelona, ha confirmado que los retoques a la ley ya están aprobados por todos los partidos que apoyan al Gobierno y que el texto volverá a la Cámara Baja la próxima semana. Adelanta que la amnistía cubrirá a todos los encausados del procés por todos los delitos habidos y por haber, incluyendo el terrorismo y la traición.
Será una amnistía integral, a la carta, a medida del delincuente de Waterloo. Pero aún hay más, ya que la oferta de Sánchez a Puigdemont incluye una cláusula de seguridad: en el supuesto de que la amnistía no sea aplicable a algún caso concreto, el Gobierno se compromete a conceder el indulto al delincuente encausado que no quede exonerado por esa ley. Veremos qué cara ponen en Bruselas cuando analicen el texto, pero es para llorar.
Ahora mismo este es un país en pie de guerra, indignado, perplejo, hastiado en grado superlativo, con múltiples escenarios en danza, interconectados, y un montón de cubiletes que los trileros mueven con soltura y a conveniencia así sople viento de Levante o de Poniente. Pedro Sánchez –siempre haciendo amigos– vuelve a cargar contra Israel; quiere que la UE investigue si el Gobierno de Benjamín Netanyahu se pasa por el arco de triunfo los DDHH en la Franja de Gaza. Por su parte, Yolanda Díaz, que ya no sabe cómo asomar la nariz para no perder notoriedad, anuncia que se va de tournée a apoyar la causa palestina, sin ni siquiera consultar con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.
En otro frente, el campo español continúa airado y en pie de guerra. Y con razón. Ya son más de dos semanas de protestas, cortes de carreteras, bloqueo de ciudades y algaradas por toda la geografía; las últimas en Murcia, Cartagena, Sevilla, Valladolid, Girona, Burgos, Málaga, Teruel y Madrid. Las organizaciones agrarias anuncian que no habrá vuelta a la normalidad mientras el Gobierno no atienda sus reclamaciones. Tras reunirse en Madrid con Luis Planas, ministro de Agricultura, no han conseguido cerrar acuerdo alguno en ese primer encuentro.
Más felonías. Tras el drama de Barbate las lanchas de la GC siguen inoperativas. No se reparan por falta de presupuesto. La de mayor eslora cría polvo en una dársena, averiada desde hace casi cinco años. Nadie entiende las razones que llevaron a Grande-Marlaska, ministro del Interior, a desmantelar OCON Sur, la unidad que más éxito ha cosechado en la lucha contra el narcotráfico, y a recortar fondos y recursos mientras el Gobierno invierte cientos de millones de euros en países norteafricanos. Ahí sigue el hombre, tan campante, sin conjugar el verbo ruso dimitir y sin saber en qué agujero meter la maldita medallita rechazada.
Quedan, para su eterno oprobio, familias destrozadas, huérfanos, y madres y viudas que denuncian a un Gobierno que manda a sus hijos y maridos a morir en un chinchorro de goma. Ni siquiera Pedro Sánchez, que no duda en lamentar públicamente la muerte de un etarra, ha mostrado deferencia hacia los fallecidos ni ha tenido palabras de consuelo para sus familias. Pedro es un icono.
De ignominia y deshonra política. Junts, ERC, la CUP, los comunes y el PSC desatienden en el Parlament la petición de Ciudadanos de suscribir una declaración conjunta de duelo y repulsa, o de guardar un miserable minuto de silencio, en memoria de los dos miembros de la GC –uno de ellos catalán– asesinados en acto de servicio por narcotraficantes. El argumento esgrimido es: “No se atiene a la normativa aplicable a los minutos de silencio de esta Cámara” y “No es asunto catalán”. Bravo, Salvador Illa; bravo, Pere Aragonès. Cuando un familiar se os quede colgado en un risco, atrapado en un incendio, bloqueado por la nieve, o a la deriva en alta mar, mandad a vuestra santa madre a salvarlo. No tenéis perdón de Dios.
Este buen país, allá donde uno dirija la mirada, está hecho unos zorros. Y los responsables de semejante desaguisado tienen nombres y apellidos. Ya los indultará Sánchez, porque más allá de filias y fobias políticas, que ya nos resbalan a todos, la buena gente ni olvidaremos ni perdonaremos tanta indecencia.