La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau
El ‘lawfare’: un fenómeno controvertido usado como estrategia de partido
El independentismo ha ido a rueda de los nuevos partidos de la izquierda, especialmente los comunes de Ada Colau, a la hora de denunciar que sus políticas acaban en los tribunales por una persecución orquestada contra su ideología
2 diciembre, 2023 00:00Noticias relacionadas
Hace pocos días, el independentismo denunció un nuevo caso de lawfare. Así catalogó este movimiento la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de abrir una investigación contra Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC) por terrorismo a raíz de su implicación en el caso del Tsunami Democràtic.
¿Qué es el lawfare? La fusión de las palabras ley y guerra hace referencia al uso estratégico de las normas para perjudicar a disidentes o rivales políticos. En el contexto internacional, algunos defienden su existencia como una herramienta a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Los detractores alertan de que es un mecanismo que se instrumentaliza para fines políticos y que socava la confianza en las instituciones judiciales, una de las bases más importantes de un Estado de derecho.
En el contexto español, se ha usado en causas que han polarizado la opinión pública, como ocurre con las acusaciones y condenas que afectan a los líderes del movimiento independentista. No son las únicas y reflejan todas ellas la división política en el país.
Unidas Podemos, comunes y Compromís
Partidos como Unidas Podemos, los comunes de Ada Colau y la valenciana Compromís han afirmado de forma pública que se sienten afectados por lo que consideran que es una persecución de la justicia por sus ideas políticas. Algunos ejemplos de ello son el caso Dina, que involucró al expresidente del Gobierno Pablo Iglesias, o el caso Neurona, que implicó al cofundador de la formación morada Juan Carlos Monedero. Ambos fueron archivados.
Colau, haciendo declaraciones antes de la manifestación propalestina en Barcelona
Aun así, dentro de este ámbito de la izquierda antisistema, quien más se ha escudado en un supuesto lawfare ha sido Barcelona en Comú. La exalcaldesa de la capital catalana Ada Colau y exconcejales de su equipo como Janet Sanz, Eloi Badia y Marc Serra han argumentado que son víctimas de una persecución de los tribunales cuando sus decisiones políticas han sido perseguidas por esta vía.
Han copado titulares con su denuncia de un supuesto acoso judicial de lobis y empresas privadas contra su ideología y partido, hecho que también les ha convertido en diana de críticas por armar el relato ideal para blanquear posibles delitos que hubieran cometido cargos públicos de diversa índole durante sus dos mandatos en la ciudad.
Eloi Badia y la gestora de residuos Tersa
El actual diputado de Sumar en el Congreso por Barcelona Eloi Badia ha sido uno de los que han asegurado ser víctimas de lawfare. Está implicado desde 2022 en una investigación que tiene lugar en los juzgados de Badalona sobre el funcionamiento de Tersa, una planta incineradora de residuos urbanos situada en Sant Adrià de Besòs.
Eloi Badia, exconcejal de Emergencia Climática de Barcelona, hoy diputado en el Congreso
La empresa pública fue denunciada por, presuntamente, emitir partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales entre 2015 y 2019. Para el diputado y su formación política, la instrucción de esta causa ambiental es una muestra clara de que lobis, grandes empresas y fondos de inversión retuercen la normativa existente como venganza por las políticas llevadas a cabo en el ayuntamiento durante sus gobiernos.
Las incongruencias de BComú
Colau y Badia han expresado en varios foros su preocupación por el lawfare. Y no dudan en recurrir a la vía judicial para intentar acallar las voces discrepantes contra su ideología. El caso más reciente de ello se dirigió contra el medio nativo digital más leído de Barcelona y su área metropolitana, Metrópoli Abierta.
Eloi Badia (1d) y Janet Sanz (2d) con la alcaldesa Ada Colau (i), en un acto de Barcelona en Comú CG
Badia, en su cometido como presidente de la empresa pública Institut de Parcs i Jardins, presentó una demanda contra el medio de comunicación y su director por todas las noticias críticas que publicaba sobre su trabajo. Esta acción representa un repetitivo intento legal por parte de los representantes del partido de Colau para silenciar la información crítica sobre su gestión municipal. Para la empresa editora del medio, esta práctica se interpreta como un intento de intimidar a los informadores y se cataloga como "una suerte de lawfare" contra la libertad de expresión.
El ahora diputado común perdió. La sentencia supuso un revés para sus intenciones políticas, pero también un significativo desembolso económico para las arcas municipales de Barcelona.
