El escándalo del proceso penal contra los Pujol

Sin necesidad de entrar a valorar las causas de dilación general -la instrucción ha durado 12 años-, hasta marzo de 2020 no se dio por concluida la investigación inicial de la causa contra la familia del expresidente de la Generalitat.

Fue entonces cuando se acordó lo que se denomina procedimiento abreviado, un momento judicial en el que se fijan los hechos presuntamente punibles y la relación de los encausados. Habían transcurrido ocho años desde el inicio del proceso, pero no se quedó ahí la grave y alarmante dilación que acumula el caso Pujol. No fue hasta mayo del año siguiente cuando la Fiscalía Anticorrupción formuló el escrito de acusación que implica tanto a la familia como al resto de presuntos partícipes en las conductas delictivas que se describen.

Es un escrito amplísimo y muy fundado. Desde entonces, han transcurrido otros dos años y medio. Así que, 11 años después de que se interpusiera la primera denuncia, se espera que el juicio oral se señale más pronto que tarde y los acusados se sienten en el banquillo. Un auténtico escándalo.

La lectura del escrito de acusación, incluso de forma superficial, produce una verdadera consternación. ¿Cómo es posible que la familia Pujol, con evidentes colaboradores externos, creara un aparato -una asociación ilícita- que a través de una larga vulneración de leyes obtuvo mucho más que ingentes beneficios? Una asociación que en sus operaciones a través de la cuenta 81511 de Andbank, en Andorra, era conocida como “la Sagrada Familia”.

Precisamente ahora, cuando los discípulos de Pujol gobiernan Cataluña con la vana pretensión de ser aceptados por toda la ciudadanía, su principal maestro continúa pendiente de juicio oral. Vulneró abiertamente la ley penal y los principios democráticos que exigen impulsar un orden económico y social justo.

Resulta insólito que el entonces presidente de la Generalitat cometiera actos delictivos como defraudar a Hacienda, y se iniciaron antes de 1980. De forma paralela a su vida política, y con la activa cooperación de su esposa e hijos, construyó una trama de neto carácter delictivo para el enriquecimiento ilícito de todos. Prueba de ello es que, desde 1990, toda la familia disponía de cuentas o fondos en Andorra. Dominaban perfectamente estos instrumentos y contaban con cuentas corrientes en varias entidades financieras del Principado -también en la Banca Privada d’Andorra (BPA)- que se relacionaban con soltura con bancos radicados en Suiza, México, Ginebra, Panamá o Madeira.

Su enriquecimiento estaba garantizado mediante contrataciones ficticias perfectamente descritas en la acusación, o abonos millonarios por transferencias internas de la propia Andbank. A eso se le deben sumar los ingresos en efectivo o mediante cheques, cuyo origen no ha podido ser identificado.

Un ejemplo: en la cuenta AN 84248, entre febrero y junio de 1995 se ingresaron 150 millones de pesetas (901.518,16 euros), además de 95.000 libras esterlinas (111.302 euros al tipo de cambio actual) y 560.000 marcos alemanes (286.529,54 euros). Se desconoce quiénes eran los ordenantes ya que los fondos proceden de bancos suizos, británicos, alemanes y andorranos.

Merece destacar, entre otras varias, la apertura de la cuenta AN 63810 en la Banca Reig por parte de Jordi Pujol Ferrusola el 21 de septiembre del año 2000. Lo hizo en concepto de fiduciario de su padre por un importe en efectivo de 301 millones de pesetas. O, lo que es lo mismo, 2.223.744,79 euros. El auténtico titular, y así se reconoce el 4 de mayo de 2001, es Jordi Pujol Soley. Dicho saldo se fue retirando en efectivo posteriormente, desconociéndose, por tanto, quiénes fueron los beneficiarios finales.

Entre los delitos por los que son acusados los Pujol Ferrusola destaca el de asociación ilícita, tipificado en el artículo 515.1 del Código Penal. Tiene una singular relevancia en cuanto afecta a Jordi Pujol padre, titular durante 23 años de un alto cargo público en Cataluña. La conducta delictiva que se le imputa está incluida entre lo que incurre contra los “derechos fundamentales y las libertades públicas”, lo que determina un reproche más grave que al resto de los acusados.

En cuanto a los delitos contra Hacienda, debe resaltarse -cómo no- el que se atribuye a Jordi Pujol Ferrusola. La causa es evidente. Su conducta se prolongó de 2007 a 2012 y representó un fraude a todos los ciudadanos, españoles y catalanes, de 6.598.499 euros. No es de extrañar que la fianza que se exigió al conseguidor para obtener la libertad provisional fuese abonada de forma inmediata.

Sobre este mismo ilícito, que se atribuye a otros acusados, cabe tener en cuenta que los fondos hallados en la BPA fueron regularizados de forma parcial ante Hacienda. Otros desaparecieron mediante transferencias a México.

La conclusión aterradora que se justifica en el escrito de acusación es que a cada uno de los acusados correspondían fondos ilícitos que se elevaban a 4.863.934.293 pesetas y 9.559.187,76 euros. Si se convierte este montante a euros, se llega a los 38,79 millones. Y a dicho importe se le deben añadir las cantidades en dólares, marcos alemanes y libras esterlinas que también se han localizado en las cuentas de Andorra.

El andamiaje financiero servía tanto para ocultar el origen auténtico del dinero que se depositaba en el país vecino, donde en ese momento regía el secreto bancario, como para disfrutar después de él.

Los acusados actuaron de manera coordinada y mantuvieron el acuerdo a lo largo de muchos años. Bajo el control del entonces presidente de la Generalitat, tejieron una red clientelar con determinados empresarios afines a CiU y se repartían los beneficios de los concursos públicos que se resolvían por las Administraciones catalanas controladas por los convergentes. Así queda claro en el capítulo de la acusación denominado Partido político CDC. Los presuntos tejemanejes se describen de la página 108 a la 143.

Todo lo expuesto es gravísimo y confirma plenamente que la corrupción corría a sus anchas en CDC y el entonces Gobierno de Cataluña.

Se inició con una operación realizada el 16 de diciembre de 1999. Jordi Pujol Ferrusola solicitó en esa fecha a la Banca Reig que le concediera avales a la entidad Fibanc para “garantizar facilidades crediticias a determinadas empresas”. Las compañías en cuestión eran Winner Graph, Altraforma e Hispart. Estas dos últimas, curiosamente, fueron condenadas por falsedad documental en el caso Palau de la Música, que supuso el fin del partido catalán.

Y continúa: “Ninguna de las tres empresas era cliente de Fibanc, y las comunicaciones que constaban a partir de las cuales se ponía en marcha el proceso de concesión de los préstamos resultaba que quien iniciaba la tramitación era el partido político Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), presidido en aquellas fechas por el acusado Jordi Pujol Soley, también presidente de la Generalitat de Cataluña, a través de la persona que ostentaba en aquellas fechas las funciones de 'tesorero', hoy fallecido, el Sr. Carlos Torrent”.

El apartado en el que se describe esta operación concreta concluye así: “Lo anterior significaba que era CDC quien realmente solicitaba el préstamo, pero no era quien lo pagaba; ya que una gran parte de las cantidades abonadas para pagar el préstamo las aportaban empresas que resultaban ser adjudicatarias de contratos públicos”.

Recordando las palabras de Margarita Rivière, todo eran “trampas y trapacerías”. “Los defensores de lo público convertidos en adalides de los intereses privados”.

Sigue, pues, pendiente la convocatoria del juicio oral del caso Pujol. La dilación supone una vergüenza más de la justicia y otro ejemplo de la subordinación de ciertos tribunales a los poderes económicos. Otra expresión del Poder de los delincuentes de cuello blanco.

Todo ello fue previsto por el gran jurista Juan Ramón Capella que, tras su reciente fallecimiento, siempre será recordado y añorado. En una conversación que mantuvimos, aseguró que daba la impresión de que la Administración de Justicia “se está convirtiendo paulatinamente en una torre de Babel en la que los principios jurídicos son aplicados bajo consideraciones políticas de uno u otro sentido”.

En el caso de los Pujol, ha existido un procedimiento que es posible que haya llegado bastante lejos. Seguro que ha costado, pero, al final, los han pillado.

Que a nadie le quepa la menor duda de que estos comportamientos seguirán en el mundo actual. Persistirán la corrupción económico-política y la existencia de jueces honestos que emprenden su persecución, forzosamente débil. "Todo ello refuerza mi tesis de que hemos entrado en un mundo de barbarie del que ni siquiera se libra el propio Estado", sentenció Capella. Así es.