El Gobierno y el PSOE iniciaron el martes el camino del calvario sufriendo un grave tropiezo en la primera estación. La paralización de la ley de amnistía por los votos en contra de Junts per Catalunya demuestra, por una parte, la incoherencia del partido de Carles Puigdemont, que una semana antes había votado a favor en la Comisión de Justicia del Congreso y que incluso, cuando la ley entró en el registro de la Cámara, había manifestado que era tan perfecta que no iba a presentar ninguna enmienda.

La decisión de tumbar la ley demuestra, por otra parte, cuál es el verdadero objetivo de Junts, más allá de la retórica, y no es otro que salvar a Puigdemont aun a riesgo de sacrificar a los centenares de personas que pueden quedar colgadas tras el maximalismo del “o todos o ninguno”. Entre ellas se incluyen los directores de colegios que facilitaron la votación del 1-O, los ciudadanos que escondieron las urnas, cargos intermedios de los partidos independentistas y otras muchas personas que colaboraron en el procés.

Dentro de la pugna constante entre los dos grandes partidos independentistas, ERC reprocha a Junts precisamente esta situación. Oriol Junqueras fue muy claro el martes en el Congreso tras el voto negativo de Junts a la ley, que el líder de ERC calificó de “robusta” y suficiente. Una opinión que merece consideración si tenemos en cuenta que en la misma situación de Puigdemont se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Por eso hay que preguntarse a dónde va Junts con sus exigencias de último minuto que, según el Gobierno, convertirían el texto legal en inconstitucional y no superaría el examen de la justicia europea. Es evidente que Junts ha planteado nuevas modificaciones en la ley, que se incluyan en la amnistía todos los delitos de terrorismo y el de alta traición, por la ofensiva político-judicial de los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, el primero decidido a procesar a Puigdemont por terrorismo y el segundo por alta traición por los contactos con la supuesta trama rusa del procés. Pero la inclusión del terrorismo y la alta traición en la amnistía tampoco resolvería el problema porque, ¿quién garantiza que esos dos jueces no van a dictar nuevos autos con presuntos delitos que hasta ahora no han imaginado?

Lo cierto es que entre los jueces y los políticos de la oposición se está tergiversando lo que fue el proceso soberanista en Cataluña, en el que se produjeron hechos de suma gravedad en el Parlament y en las calles, pero en los que no hubo terrorismo ni traición a la patria.

La actuación de Tsunami Democràtic no puede equipararse al terrorismo, y así lo defiende la fiscalía, mientras que la trama rusa, aunque hubo contactos del independentismo con ciudadanos rusos, no deja de ser un disparate que no llevó a ninguna parte. Como muestra, las declaraciones del juez Aguirre a la televisión pública alemana ARD. “Se trataría de la influencia directa de Rusia sobre el proceso de independencia de Cataluña, apoyando el proceso de independencia con el objetivo por parte de Rusia de desestabilizar primero la democracia española y luego abriendo una puerta a la infiltración rusa en todas las democracias liberales de Europa Occidental”. Nada más y nada menos. ¿Alguien puede creerse este relato?

Esta interferencia judicial se acompaña con la escalada verbal del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo. En la última concentración en Madrid contra la amnistía, Feijóo dio por hecho que en Cataluña se cometieron actos de terrorismo con una frase para recordar: “Qué indignidad, qué insulto decir a los policías que no han sufrido violencia, que no han sufrido actos terroristas, es impropio de un presidente del Gobierno”, dijo. El miércoles, en una entrevista en Antena 3, insistió en que “el terrorismo es terror”. “Y en Cataluña hubo momentos, días, de absoluto terror”, añadió, y remató con que “lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo”.

Tras la devolución de la ley a la Comisión de Justicia del Congreso, ahora Junts y el PSOE tienen otros 15 días para continuar las negociaciones. Después del plante de Pedro Sánchez para no sufrir más desprestigio del que está padeciendo, el Gobierno asegura que solo aceptará retoques técnicos, mientras que Junts no se mueve de sus posiciones. Nadie sabe con certeza cómo va a terminar este pulso. Pero si no hay acuerdo peligra toda la legislatura, con lo cual este lamentable espectáculo no habría servido para nada y solo habría contribuido al deterioro de las instituciones. Y, aunque haya acuerdo, es muy posible que la legislatura se convierta en un calvario porque la prioridad de Junts es seguir siendo irreductible y porque la gobernabilidad de España no les importa nada.