Torrente en Cataluña

Todos los estados tienen el derecho a defenderse de quienes les atacan, pero han de hacerlo dentro de la legalidad. Ni el MI5 inglés ni la DGSI francesa se andan con chiquitas, por no decir de la CIA, el Mosad o el FSB, antigua KGB. Aquí parece que al CNI le salió en 2012 la competencia de Torrente y sus muchachos para salvar Cataluña de sus gobernantes autonómicos. Por muy buenas que fuesen las intenciones, las cosas no se pueden hacer tan arbitraria y rematadamente mal.

Si desviar fondos de una Administración autonómica para promover la secesión de una parte del Estado es delito, además de una deslealtad institucional gravísima, hacerlo desde otra para construir pruebas falsas, también. Investigar, o prevenir, hechos ilícitos es totalmente legítimo; perseguir por ideología, no.

Durante la guerra sucia contra ETA el entonces director de la Guardia Civil se quedó dinero de los fondos reservados, algunos policías los usaban para sus caprichos en clubes de alterne y hasta se equivocaron de víctima en alguna de sus operaciones. Por buscarle alguna justificación, pensamos entonces que esa torpeza se debía a la poca madurez de las instituciones democráticas en los años 80. Pero ahora, en pleno siglo XXI, nos encontramos con algo que parece peor hecho y, simplemente, no hay excusa.

Los servicios secretos están para moverse con casi total libertad, reportando periódicamente al Gobierno y al Parlamento, manteniendo cierta tutela judicial. Actuar en los límites de la ley requiere de unos servicios con valores muy sólidos. Solo las muy buenas personas pueden andar por la fina frontera entre lo legítimo y lo lícito. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también pueden violar la intimidad de los ciudadanos, pero siempre con tutela y mandato judicial. El Estado puede incluso ejercer violencia y saltarse derechos, pero también dentro de unas normas y con los debidos controles.

Lo que nunca puede hacerse es organizar un ejército de policías sin otro control que el político para investigar al adversario o incluso para inventarse indicios. Y, para colmo, el resultado fue nefasto pues se consintió saltarse el ordenamiento constitucional con las leyes de desconexión, momento en el que había que haber aplicado el 155, se permitió la apertura de colegios, no se interceptaron las urnas y se facilitó la victimización de todo el mundo con intervenciones policiales tardías y poco coordinadas. Ni siquiera el fin justificó los medios.

Más allá de las responsabilidades políticas o incluso penales de quienes organizaron tamaño desastre y del necesario resarcimiento a las víctimas por sus tropelías, la pésima ejecución de la Operación Cataluña da nuevos argumentos al independentismo para el victimismo y el retorno de sus razonamientos contra el Estado español. Las comisiones de investigación que los partidos independentistas sacaron en los pactos de investidura cobran ahora todo su sentido. Pero por más que el 85% de los investigados lo fuesen injustamente no podemos olvidar la gravedad de los hechos de otoño de 2017, aunque algunos casos fuesen investigados sin sustento.

Ni mucho menos todos los hechos caben dentro del lawfare ni, tampoco, merecen su olvido. Por más que algunos actos de policías o incluso de la Administración judicial no fuesen correctos, la policía y la justicia son de fiar. Pero con las evidencias que conocemos es lícito que todo se ponga en duda.

Tiene pinta de que estamos al principio de un tsunami de porquería que va a enfangar, aún más, la vida política durante semanas, sino meses, alejando del centro del debate los problemas reales de los ciudadanos. Me temo que volveremos a ver manifestaciones independentistas, que los decibelios subirán en los órganos habituales de propaganda, que la oposición al PSOE lo tiene más complicado para ser creíble, pero, también, que el PSC no tendrá sencillo gobernar en Cataluña en las próximas autonómicas porque se le está dando excesivos argumentos a un independentismo que estaba en sus horas más bajas y su electorado puede despertar y movilizarse de manera que comprometa los cálculos electorales socialistas. Los apoyos que se necesitan en el Parlamento español para aprobar los presupuestos pueden costarle el Govern al PSC.

El gran Francisco Ibáñez falleció el año pasado y ya es tarde para preguntarle, pero bien parece que muchos de los protagonistas de estas tristes historias obtuvieron su carnet de contraconspiradores en una academia donde Mortadelo, Filemón, Pepe Gotera y Otilio ejercían de profesores. Qué pena, qué vergüenza y qué asco.