Hay en nuestra vida política propuestas y declaraciones tan delirantes que es hasta cierto punto comprensible que se dejen pasar como ocurrencias a las que no hay que hacer mucho caso, ya que no puede uno saltar a la primera chorrada que oye.
Ahora bien, cuando esas propuestas las formula uno de los socios y apoyos fundamentales del Gobierno, como es Junts, el partido de Puigdemont, no se pueden dar por no oídas, por disparatadas e ilegales que sean. Por ejemplo, la exigencia, verbalizada por Míriam Nogueras, brazo derecho de Puigdemont, de imponer multas a las empresas que se largaron de Cataluña a partir de 2017, asustadas por la deriva del procés, se instalaron en Valencia, Aragón o Madrid, y luego no han querido volver.
La capacidad de enredar de Puigdemont y su circo de fenómenos no tiene límite. La animalada de Nogueras es tan notoria que casi se entiende que nadie quiera meterse en esa charca. Es, además, clamorosamente ilegal, pero eso poca garantía de protección es, cuando tenemos un Gobierno que, como ya hemos visto tantas veces, cambia la legislación según sus intereses particulares del momento (siempre en bien de la “reconciliación”, claro).
Como yo no tengo contacto con el tejido empresarial catalán, copio aquí la advertencia de Xavier Salvador, que sí tiene esos contactos y que ha palpado su preocupación, el otro día en estas páginas: “Los pactos y alianzas que han hecho posible la investidura de Pedro Sánchez han vuelto a poner en estado de alerta al empresariado catalán y a buena parte de su ciudadanía. (…) Existe un consenso general de que la seguridad jurídica, justo la razón por la que emigraron las casi 8.000 empresas, sigue en entredicho o, para los pesimistas, más incluso que en aquellas fechas. La ocurrencia independentista de impulsar el regreso de las sedes sociales y el mero hecho de que se hayan barajado eventuales sanciones contra quienes no consientan hacerlo supone un golpe renovado a la estabilidad necesaria para la economía. Lo decía este viernes la patronal catalana, pero además está en la preocupación de todas las empresas afectadas por los traslados. Volvemos adonde solíamos”.
Especialmente alarmante es, en efecto, “el mero hecho de que se hayan barajado eventuales sanciones” a las empresas que se resisten a volver. Es de agradecer que Foment saliera al paso de esta animalada, pero ¿por qué el Gobierno no ha dado la voz de alto? ¿Por qué los periódicos más influyentes no han sacado editoriales denunciando este despropósito antidemocrático, propio de enajenados, pero enajenados que tienen al Gobierno cogido por donde duele? ¿Por qué no han hablado el Círculo de Economía, el Colegio de Abogados y el de periodistas, la Cámara de Comercio y demás instituciones que vertebran el tejido económico de nuestra región?
Es el silencio clásico, avestruzesco y suicida de la burguesía catalana, el laissez faire, la renuencia a buscarse problemas, que condujo precisamente al procés. Tiende nuestra burguesía a pensar que las salidas de pata de banco de nuestra clase política son a beneficio de inventario, meras travesuras sin trascendencia, pensadas sólo para galvanizar a las huestes, y así, de incredulidad en relativización del disparate, es como se llegó al referéndum ilegal, a la declaración de independencia y a sus ruinosas consecuencias.
Pienso que las palabras puede que no sean gran cosa, pero son la herramienta que tenemos para entendernos. Son el fundamento del debate público, y este, la sustancia de la democracia. Como en circunstancias más dramáticas cantaba Raimon con palabras de Espriu, “les paraules vessan de sentit” (las palabras derraman sentido). Si pensamos lo contrario, si pensamos que no tienen ninguna importancia, entonces, desde luego, ¿para qué hablar? Pero, cuidado, pues detrás de las palabras vienen, fatalmente, los hechos.