De la escalofriante sesión del miércoles en el Congreso -celebrada en el Senado- pueden extraerse al menos tres conclusiones:

1. El Gobierno salvó dos de los tres decretos -los de mayor contenido-, pero tendrá que cambiar de método si no quiere arruinar la legislatura.

2. Junts no es un socio de fiar –lo que antes se decía de ERC- y, pese a su presunto pacto con el PSOE, que ya sobrepasó varios límites, solo se preocupa de sus intereses particulares, sin lealtad alguna a los intereses generales.

3. La ruptura de Podemos y Sumar es irreversible. Yolanda Díaz acusó a Podemos de votar junto a la extrema derecha, el mayor reproche que se puede hacer a los campeones de la pureza izquierdista. Esta pugna será una de las piedras en el zapato que Pedro Sánchez tendrá que soportar. 

Con la situación parlamentaria actual, el Gobierno no puede juntar en decretos ómnibus tanta cantidad de medidas, muchas de ellas sin relación alguna, y además está obligado a negociarlas mucho antes de presentarlas porque la táctica del último minuto puede fallar en cualquier momento y tumbar sus iniciativas. Por no hacerlo, salió tocado de la sesión parlamentaria, aunque no hundido.

Los decretos que incluían las medidas sociales se aprobaron mediante la no votación de Junts en uno de ellos y la abstención en otro, pese a que durante horas la portavoz Míriam Nogueras había anunciado el voto negativo, lo que hubiera significado su retirada. Junts ha obtenido concesiones importantes del Gobierno, pero quizá no tanto como pregona la formación de Carles Puigdemont, quien, como es normal en ese partido, al final decidió desde Waterloo el sentido del voto. El pulgar esta vez señaló hacia arriba.

¿A cambio de qué? El Gobierno suprime el artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, que, según Junts, ponía en peligro la amnistía porque admitía que el recurso de un juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralizaba el procedimiento.

En realidad, es un brindis al sol porque esta práctica es obligatoria en la UE y esta supresión no va a cambiar nada. Junts asegura que ha logrado la bonificación total del transporte público, pero el Gobierno lo niega. También hay discrepancias sobre las balanzas fiscales, que Junts dice que su publicación será inmediata mientras el Ejecutivo asegura que no se  harán públicas. Estas interpretaciones tan distintas quizá obedezcan a la premura de la negociación y a la necesidad de Junts de apuntarse más tantos, siempre con la mirada puesta en superar a lo conseguido por ERC en la anterior legislatura.

La concesión más novedosa y relevante es el traspaso de competencias en inmigración, cuyo alcance tampoco ha sido explicado. El interés de Junts en esta materia debe relacionarse con el debate que existe en el partido a raíz del éxito en las municipales de Ripoll de Aliança Catalana, la formación independentista y xenófoba encabezada por Sílvia Orriols. El peligro de que la semilla xenófoba crezca en otras localidades gobernadas por Junts está presente.

Mención aparte merece la cuestión del retorno de las empresas catalanas que huyeron debido al procés. En este asunto, Junts primero aseguró que ninguna empresa se iría de Cataluña, después minimizó los traslados fuera de la comunidad alegando que solo se trasladaba la sede social, más adelante acusó al Gobierno de Mariano Rajoy -y hasta al Rey- de facilitar la fuga de sociedades con un decreto -como si las empresas necesitaran decretos para tomar sus decisiones-, después Junts confió en que volverían y ahora condicionaron la aprobación de los decretos de Pedro Sánchez con esa medida soviética de multar a las que no regresen.

Toda una demostración de coherencia de un partido que antes representaba a la burguesía catalana. Finalmente, todo ha quedado en que el PSOE solo se compromete a facilitar el retorno, aunque Junts asegure que el Gobierno derogará el decreto de Rajoy y dará incentivos a las empresas que vuelvan. Otra ocurrencia que discriminaría a las que se quedaron.

A la oposición de Junts, que es evidente que no ha firmado ningún pacto de legislatura, como defendió el PSOE, se une la guerra abierta entre Sumar y Podemos. El partido dirigido en la sombra por Pablo Iglesias tumbó el decreto sobre la reforma del seguro de desempleo porque contenía un recorte para los parados mayores de 52 años.

Numerosas voces, incluidas muchas anteriormente cercanas a Podemos, lo han negado para destacar algo evidente: el decreto fue rechazado porque llevaba la firma de Yolanda Díaz. Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero se vengan así de su salida del Gobierno. Pero la venganza, un plato que se sirve frío, tendrá muchas más oportunidades de presentarse en la mesa para disgusto de Sánchez.