El actual gobierno municipal se enfrenta a dos grandes retos: garantizar la estabilidad durante toda la legislatura y reconocer el carácter metropolitano de la gran metrópolis que es Barcelona, en cuya región habitan casi cinco millones de ciudadanos/as.
El primero es cómo y con quién se gobierna la ciudad de Barcelona. Actualmente es un gobierno municipal débil formado por sólo 10 concejales de un total de 41 y con el apoyo de sólo un 19,79% de los votantes.
Existen diversas opciones para garantizar dicha gobernabilidad. Una de ellas sería la de un nuevo tripartito a nivel municipal, opción dificultada por la presencia en el pleno de la exalcaldesa que no ha renunciado a “mandar” y plantea exigencias inasumibles que debilitan el liderazgo del actual alcalde.
La segunda opción para obtener la mayoría absoluta supondría acordar con Junts, una organización muy heterogénea sometida a la vigilancia y control del hombre de Waterloo, lo que supone un elemento de inestabilidad permanente.
Puede que al final termine abriéndose paso la opción PSC-ERC, lejos de la mayoría absoluta, lo que obligaría a pactos de geometría variable y a una permanente negociación. La Barcelona de los próximos cuatro años necesita estabilidad y un fuerte liderazgo.
Una ciudad que deberá definir su tamaño real para ser capaz de competir en un mundo de ciudades. Una Barcelona restringida a su marco actual sería una de las 500 ciudades del mundo con más de un millón de habitantes, pero carecería de masa crítica suficiente para competir con la red de macro ciudades que configuran el mundo global.
Debemos, pues, definir cuál es la Barcelona real, la Barcelona metropolitana que exige un nuevo modelo de gobernanza que responda a esa realidad metropolitana. Hablemos, pues, de la Barcelona metropolitana de 635 km2 y una población que supera ya los 3,2 millones de habitantes. Una Barcelona Metropolitana formada por 36 municipios que tuvo una Administración propia que inicialmente fue la Corporación Metropolitana de Barcelona hasta su disolución en 1987. Tras su restablecimiento por una Ley del Parlament de Cataluña en 2010, pasó a denominarse Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Según un estudio realizado por la UB hace unos 10 años, la AMB era una “Administración desconocida”. Sin embargo, el mismo estudio demuestra que cuando se explica a los ciudadanos las funciones del AMB en materia de aguas, residuos o transporte público, la valoración otorgada por éstos es alta, alcanzando un 7,4 sobre 10. Paradójicamente, la Administración menos conocida resulta ser una de las mejor valoradas. El sistema de elección de los órganos de gobierno del AMB es indirecto y distante de los ciudadanos, lo que explica su desconocimiento, mientras que su alto nivel técnico justifica la alta valoración.
El máximo órgano de gobierno del AMB es el Consejo Metropolitano compuesto actualmente por un total de 80 miembros, de los que 36 son los alcaldes de los municipios que constituyen su territorio, y el resto son elegidos indirectamente por las corporaciones municipales. El Consejo Metropolitano designa a su presidente que ha sido siempre el alcalde de Barcelona. La elección indirecta contribuye al desconocimiento de los ciudadanos con relación a dicha institución.
Hasta el momento ha habido pocas propuestas para superar ese desconocimiento, sin duda la más elaborada, la realizada por la Associació Barcelona Districte Federal (BDF) que plantea el gobierno del AMB a través de un Consell de Cent -órgano de resonancia histórica- constituido por 100 miembros, los 36 alcaldes como miembros natos, y los 64 restantes podrían elegirse simultáneamente en las elecciones municipales con un sistema de doble urna, similar al que se utiliza en las elecciones generales. La elección directa de estos representantes supone una mayor proximidad entre electores y elegidos. Este planteamiento conduce necesariamente a un reforzamiento del papel del AMB, lo que parece una condición necesaria para afrontar una eventual vertebración de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), llamada en el futuro cercano a convertirse en el referente central de las políticas metropolitanas.
El nuevo gobierno municipal debería dotarse de una estrategia metropolitana que le permita abordar:
En lo económico, una apuesta desacomplejada por la colaboración público-privada, donde la rentabilidad no sólo tenga una componente económica, sino también social y sostenible. No debe olvidarse en ningún caso la prioridad por potenciar la cohesión social combatiendo la exclusión y la desigualdad.
La necesaria coordinación de la gestión medioambiental (agua, residuos, servicios medioambientales), favoreciendo la transición energética y una nueva economía descarbonizada (nuevos combustibles no fósiles, H2 verde…)
La Barcelona metropolitana tiene que ser un territorio de fomento de la tecnología y de la innovación e instrumento para la digitalización del territorio. De atracción, creación y retención de talento. Potenciando el desarrollo de centros e infraestructuras tecnológicas como el MareNostrum5, uno de los supercomputadores más potentes del mundo, inaugurado el pasado 21 de diciembre en la UPC de Barcelona
En el campo de la movilidad habría que crear un sistema público de "Movilidad por Barcelona" que reuniera en un solo organismo la planificación y la gestión de todas las políticas de movilidad, en los dos niveles: el metropolitano y el municipal.
El nuevo gobierno municipal deberá sumar fuerzas, generar consensos, concertar actuaciones y asumir retos metropolitanos. Una gran metrópoli como Barcelona debe tener una estructura “federal y policéntrica”, como lo es su realidad urbana, teniendo en cuenta la voz de todos sus actores: administraciones públicas, sector privado y ciudadanía.