Telefónica, ¿antes saudí que española?

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de intervencionismo y no ha visto ninguna justificación para la operación. “Sin duda es una posición de intervención por parte del Gobierno, que el único fin que tiene es ocupar, en este caso empezar por el sector privado”, aludiendo a que Sánchez no solo ocupa las instituciones, según el PP, sino también las empresas privadas.

La compra del 10% de la multinacional española es, sin embargo, la respuesta a la adquisición hace cuatro meses de un 4,9%, con opciones a otro 5%, por parte de Saudi Telecom Company (STC), propiedad del fondo soberano de Arabia Saudí. Con la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado se convertirá en el mayor accionista de Telefónica y controlará la compañía mediante un pacto que se prepara con los otros accionistas españoles, BBVA y Caixabank. Una vez que se consolide la compra del 10%, el Gobierno podrá ya autorizar la adquisición por los saudíes del 5% que aún no ha recibido el pertinente visto bueno.

Oponerse a la operación, que el Gobierno justifica por el carácter estratégico de la empresa y por su papel en el área de la defensa, significa que el PP prefiere que Telefónica sea antes saudí que española. Hasta tal punto llega la ceguera cuando se trata de aplicar los postulados ideológicos a cualquier operación, en este caso la primacía de la privatización sobre la participación pública. El caso recuerda al de Endesa -“antes alemana que catalana”, dijo Esperanza Aguirre-, que acabó en manos del Estado italiano.

Es la misma ideología que llevó a José María Aznar a privatizar la mayoría de las grandes empresas públicas, entre ellas Telefónica, hace 26 años, pero  con el detalle tan poco liberal de que el PP colocó al frente de las compañías públicas en vías de privatización a sus ejecutivos amigos –Francisco González en el BBVA, Juan Vilallonga en Telefónica, etcétera- para controlar así los centros de decisión de la economía del país.

Aznar, además, en contra de lo que hicieron otros países, privatizó el 100% de Telefónica, mientras que los grandes estados europeos se reservaron un porcentaje de las acciones. Así, ahora el Estado alemán posee directamente un 13,8% del capital de Deutsche Telekom (a través de empresas públicas llega al 30,46%), Francia controla el 13,4% de Orange (23% indirectamente) e Italia tiene un 9,8% de Telecom Italia, que puede incrementar hasta un 20%, según un acuerdo adoptado el pasado agosto. Fuera de la Unión Europea, Suiza y Noruega también se han preocupado de blindar a estas empresas –“los campeones nacionales”-, con más de un 50% de participaciones en las operadoras de telecomunicaciones.

Al día siguiente del anuncio de la iniciativa del Gobierno, las acciones de Telefónica subieron un 7%, aunque cerraron a 3,68 euros por título, el 3,2% más que la jornada anterior, desmintiendo algunos pronósticos que auguraban un descenso cuando la participación pública entra en una empresa privada. De todas formas, el Estado prevé la compra de acciones de manera gradual para que el encarecimiento de la acción no suba el precio de la operación, que ahora se cifra en unos 2.000 millones de euros.

Excepto la del PP y sus afines, la mayoría de las reacciones han sido favorables al blindaje de Telefónica para que no caiga en manos extranjeras. Pero incluso es legítimo preguntarse qué hubiera hecho el PP si estuviera en el Gobierno ante una amenaza como la saudí. Probablemente, hubiera hecho lo mismo que el Gobierno.