Todo iba viento en popa para el PSC hasta que la noche del 23 de julio la investidura de Pedro Sánchez quedó en manos de Carles Puigdemont, y muy pronto desde Junts dejaron clarísimo que sin amnistía no habría negociación posible.
La victoria en las generales de los socialistas catalanes había sido incontestable, rematando los excelentes resultados de las municipales de mayo, con la carambola de haber recuperado la alcaldía de Barcelona después de 12 años.
En el mundo local, tanto ERC como Junts se peleaban por pactar con el PSC en los consejos comarcales y en las diputaciones. Todas las encuestas certificaban que Salvador Illa iba acumulando puntos para las autonómicas, pues ERC sufría un enorme castigo, Junts resistía mal y la CUP también retrocedía.
Con la práctica desaparición de Ciudadanos, y la irrelevancia de los populares en el Parlament, el PSC encarnaba al mismo tiempo el catalanismo, la socialdemocracia y el constitucionalismo. “Orden y progreso”, podía haber sido el lema del PSC para la Cataluña del posprocés. Pero la política es caprichosa y los endiablados resultados electorales han puesto ese escenario patas arriba.
La anunciada llegada del PP a la Moncloa con el apoyo Vox podía haber agitado las aguas de la protesta en Cataluña, pero el PSC estaba en buenas condiciones para sacar rédito electoral como fuerza central y baluarte de la izquierda. Lo impensable era que el prófugo de Waterloo, que estaba a un paso de ser extraditado, se convirtiera en el amo de la situación, y que Sánchez optara por una sola estrategia: investidura o investidura. Sin un plan b para ir a elecciones en caso de que las exigencias independentistas fueran indigeribles o encallasen.
El veterano dirigente socialista vasco Odón Elorza se lamentaba de ese error en el último Comité Federal. En cualquier caso, lo más probable es que Sánchez sea investido presidente, seguramente a finales de esta semana, mientras Puigdemont tiene ya asegurado aparecer en la foto final como el gran triunfador.
En todo este tiempo, Illa ha hecho de tripas corazón y no le ha puesto ninguna objeción a Sánchez bajo el principio de que retener el Gobierno de España es prioritario para los intereses del PSC, lo cual es cierto siempre y cuando la amnistía no sirva para dar alas al separatismo y encierre a la política catalana en algo parecido a un nuevo procés.
Los socialistas catalanes han recuperado votos que entre 2015 y 2017 se fueron a Ciudadanos, pero ahora beben también de un electorado nacionalista desencantado con los líderes independentistas. La amnistía le ayudará a amarrar a este último, y le afianza como la fuerza conciliadora indiscutible en el desgarro catalán, pero puede provocarle pérdidas entre el electorado más constitucionalista, sobre todo si la legislatura española queda atrapada en el debate territorial y el clima sociopolítico se envenena hasta un punto nunca visto, con un choque institucional entre poderes.
Las manifestaciones, las protestas ante las sedes socialistas de estos días, y el cabreo de la judicatura son solo el aperitivo de lo que vendrá. Ahora bien, la amnistía, con todos sus problemas y objeciones, habrá valido la pena si Illa alcanza la presidencia de la Generalitat, certificando así el carpetazo al procés, lo cual hoy no parece un final tan probable como antes de que los partidos independentistas, aunque débiles electoralmente, se convirtieran en los dueños de la situación.
El PSC se la juega si una parte de sus votantes se desenganchan y acaban en la abstención, mientras el elector nacionalista, que votó CDC o ERC, corre el riesgo a medio plazo de regresar a la radicalización si el eje de la política catalana gira alrededor de una nueva consulta.