Ayer Sumar presentó en Barcelona su propuesta, elaborada por un grupo de expertos, de ley de amnistía a fin de solucionar el “conflicto existente entre Cataluña y el Estado”. Átense los cinturones porque ese el lenguaje del texto, la asunción como premisa de un problema político, no de los independentistas con el Estado democrático y de Derecho, sino de Cataluña entera, como sujeto soberano, con el Estado español. Ni media palabra sobre la pluralidad catalana, o sobre qué representatividad en votos tenían esas fuerzas.

El dictamen, en primer lugar, intenta explicar el fundamento constitucional que avalaría una medida de este tipo, que hasta hace unos pocos meses casi todo el mundo consideraba inviable, empezando por los letrados del Congreso, con el apoyo del PSOE y de la entonces presidenta Meritxell Batet. Sin embargo, el resultado de las elecciones del 23 julio dejó en manos de los siete diputados de Junts la investidura de Pedro Sánchez, y a partir de ahí estamos asistiendo a una campaña de propaganda a fin de que lo políticamente indeseable, acabe siendo una gran idea. Por eso sorprende que, en la parte segunda del dictamen, donde se explican las “razones para la promulgación de una ley de amnistía en el actual contexto político”, no se reconozca lo obvio. Si el resultado electoral hubiera sido otro, no habría amnistía. Punto. Pero puesto que esa verdad no se puede explicitar, el relato calca la simpatía y la complicidad política que mostraron con el procés los Comunes de Ada Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello. Sin ser declaradamente independentistas, fueron compañeros de viaje hasta el final.

Pues bien, la amnistía que quiere promulgar Sumar propone deshacer la “política criminal” que ha penalizado al movimiento independentista. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Los dirigentes del Govern? No, en absoluto. La culpa fue del Partido Popular. ¿No lo sabían? Y, evidentemente, todo arranca del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña y de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Ahí nace todo. Recuérdenlo siempre. Qué importa que al año siguiente Mas ya estuviera pactando con Alicia Sánchez Camacho y apoyando los presupuestos de Mariano Rajoy. El separatismo no ha hecho desde entonces otra cosa que responder a esa afrenta. Artur Mas y Oriol Junqueras intentaron negociar con el Estado una consulta, pero el perverso bipartidismo en el Congreso cerró esa puerta, y no dejó al independentismo más alternativa que montar consultas y referéndums.

El texto enfatiza que su voluntad era dialogar con las autoridades españolas, las instituciones europeas y la comunidad internacional. En fin, el dictamen es la calcomanía del relato separatista, donde las víctimas son los encausados, que han actuado de buena fe, con escrupulosidad democrática, y la culpabilidad recae siempre en la política criminal del Estado español. Casi nada se dice de los plenos en el Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017, con la iliberal ley de transitoriedad jurídica, solo que se incumplió con la Constitución española. Algo es algo, por lo demás, todo bien. Para Sumar y los Comunes ese relato es marca de la casa, pero para los socialistas es una enmienda a la totalidad de su actuación en 2017. Me pregunto si alguien del PSC levantará la voz para decir algo o se continuará con el silencio de los corderos.

A partir de ahí, se trata de utilizar la amnistía como arma despenalizadora de todos los delitos, excepto la tortura, claro está, pero que aquí no cuenta porque no ha habido ninguna denuncia por ello. ¿A quién beneficiaría sustancialmente esa amnistía? Pues en realidad a muy pocos. Desde los indultos, en junio de 2021, no hay nadie en la cárcel. Y tras reforma del Código Penal, en enero de este año, que eliminó la sedición, solo quedan dos delitos que se pueden aplicar a los líderes del procés que todavía no han sido juzgados, la desobediencia y la malversación. Por la desobediencia nadie va la cárcel, pero sí por el uso fraudulento del dinero público. También eso se va a amnistiar, claro. En realidad, ese el objetivo principal.

Si los indultos en 2021 fueron parciales fue porque el Gobierno Sánchez entendió que entonces no podía perdonar la corrupción, y por eso Junqueras sigue hoy inhabilitado. Con la amnistía podrá volver a la primera línea, como también Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Así mismo, hay una docena de cargos de la Generalitat que tienen pendiente un juicio por la organización del 1 de octubre, con dos nombres destacados, los republicanos Lluís Salvadó y Josep Maria Jové. Un caso reciente es el del exconseller Miquel Buch, condenado por contratar a un mosso para que hiciera de guardaespaldas del expresident huido a Bélgica, con cuatro años de prisión por un delito de malversación y otro de prevaricación. De los fugados, solo Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig se enfrentaban a una condena por corrupción.

En definitiva, ya que los indultos no pudieron abarcar la malversación, y que la reforma del Código Penal en este punto fue abortada por el Tribunal Supremo, con una advertencia desde la Comisión Europea sobre la inconveniencia de rebajar las penas por corrupción, con la ley de amnistía ahora se va a meter todo en un mismo paquete, y arreando, y ¡viva la paz en Cataluña que al fin ha llegado! Olvídense de la desobediencia o de los desórdenes públicos, de la causa abierta por el Tsunami Democràtic o por la Operación Voloh, son peccata minuta. Esto va de perdonar la corrupción. También de que el Tribunal de Cuentas perdone a Artur Mas y a varios consejeros de la Generalitat sus 4,9 millones de euros por el 9N (más los intereses de demora), y que Puigdemont y otros muchos cargos de la Generalitat no tengan que pagar unos 3,4 millones por el referéndum y la promoción exterior del procés; un juicio que, por cierto, está previsto para el 17 de noviembre. Seguro que antes hay investidura y ley de amnistía.