Quienes defendemos que los órganos de gobierno de las universidades no deben hacer pronunciamientos políticos en nombre de toda la comunidad universitaria hemos obtenido ya notables apoyos, como los del Defensor del Pueblo o los de diversos tribunales, entre los que se cuenta el Supremo.

A estos apoyos cabe añadir la reciente decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de enviar sendas cartas al Gobierno de España y al comisario Reynders para pedir explicaciones en el primer caso y alertar, en el segundo, sobre prácticas de las universidades catalanas que constituyen una evidente vulneración de los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, así como del principio de neutralidad institucional. A la vez, se acaba de conocer un informe independiente sobre libertad académica, encargado por el propio Parlamento Europeo y elaborado por profesores noruegos, en el que se constata la injerencia del poder nacionalista en las universidades catalanas.

En este contexto, el pasado 23 de marzo se debatió en el Parlament una moción de Ciudadanos sobre la universidad, que condenaba sin ambages esta injerencia. En el transcurso del debate se constató que los partidos independentistas y los comunes, pese a su llamativo tono de superioridad moral, adolecen de una evidente incapacidad para defender su rechazo a la neutralidad institucional.

Así, el portavoz de Junts per Catalunya, Jordi Munell i Garcia, no expuso ningún argumento para combatirla. Se limitó a señalar que hay otras prioridades al hablar de la universidad. Entre ellas, algunas tan de actualidad como la conmemoración de la entrada de las tropas golpistas en 1939 en la UB o la resistencia al franquismo de profesores y alumnos catalanes avanzada ya la dictadura… No parece tener muy fresco este diputado el Manifiesto de la Capuchinada de 1966, que simboliza precisamente esa resistencia, y en el que puede leerse que la “única exigencia de una universidad democrática es que ningún centro universitario sea dominio de un grupo político, religioso o ideológico”.

Por su parte, la portavoz de la CUP, Nogay Ndiaye i Mir, también eludió hablar de neutralidad. Se centró en defender al SEPC, cuyas continuas agresiones a estudiantes constitucionalistas eran condenadas en la moción. Acusó a Ciudadanos de no abordar los verdaderos problemas de la universidad y de ser quien está politizando el debate relativo al sistema educativo en su conjunto al plantear reiteradamente el tema de la lengua, para crear conflicto. Todo un alegato en defensa del pluralismo político: las cuestiones importantes en torno a la universidad son las que ellos plantean, por lo que no caben otros debates, y las organizaciones estudiantiles que practican la violencia política contra quienes no comulgan con sus ideas merecen un encendido elogio.

Mientras, el portavoz de En Común Podem, Lucas Ferro Solé, sí que habló de neutralidad. Comenzó afirmando que creía “que estamos a un par de mociones de llegar al punto en el que uno ha de decir que seguramente en el Valle de los Caídos hay más neutralidad política e ideológica que en las universidades catalanas porque su claustro no emite opiniones políticas desde hace años”, y concluyó su intervención leyendo la respuesta que le había dado el ChatGPT al preguntarle por la moción de Ciudadanos: “Si la universidad es supuestamente un lugar para aprender y para expandir nuestra mente, ¿no deberíamos permitir que las ideas políticas también se expresen? Después de todo, si no podemos discutir de temas controvertidos en los órganos de la universidad, ¿dónde vamos a discutirlo?, ¿en la cena de Acción de Gracias con nuestra familia política?”.

Ciertamente, manejando estas fuentes de autoridad no es de extrañar la empanada mental de este diputado para quien “si al conjunto de la comunidad educativa [representada en los claustros] se le quita la capacidad de posicionarse sobre aquellos elementos que forman parte del conflicto de la sociedad en la que viven (…), las universidades no son de todos, sino que son de quien impone de qué se puede hablar y de qué no”. Olvida Ferro Solé que los claustrales o los mismos rectores no se presentan a las elecciones con un programa de política general por lo que carecen de toda legitimidad para pronunciarse políticamente (sobre cualquier tema) en nombre de todos. Quizás convendría repreguntar a ChatGPT, introduciendo este matiz. Podría ser que rectifique con más facilitad que otros.

También habló bastante de neutralidad el portavoz de ERC, Carles Castillo Rosique, quien, tras acusar a Ciudadanos de pretender con la moción nada más y nada menos que “demonizar a la universidad catalana”, incurrió en el mismo olvido que Lucas Ferro Solé al dar por supuesto que la condición de órganos de representación de los claustros justifica sus posicionamientos políticos en nombre de toda la comunidad universitaria. El diputado republicano afirmó sin rubor que la doctrina de la neutralidad institucional “no es una defensa del pluralismo y de la libertad, sino una mordaza para silenciar las opiniones que les molestan” (refiriéndose al grupo proponente). Y añadió que esa doctrina “no es más que un pretexto para la inacción o la aceptación pasiva de injusticias”. En definitiva, que quien se apropia ilegítimamente del pensamiento de otros (en el marco de un órgano que carece de competencias para realizar pronunciamientos políticos) es un adalid de las causas justas, mientras que quien ve vulnerados sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad ideológica es poco menos que un tirano.

Retomo, para concluir, una expresión muy acertada que utilizó en su réplica a todos los grupos parlamentarios el diputado naranja Nacho Martín Blanco, ponente de la moción. Comparto plenamente con él que en Cataluña se advierte en demasiados ámbitos, incluida la universidad, una preocupante “inversión moral”. ¿Cómo si no se puede presentar como síntoma de autonomía universitaria que los rectores o los claustros fijen una especie de pensamiento oficial de las universidades, siempre alineado con los postulados del poder de turno? ¿Cómo si no pueden apelar a la libertad de expresión quienes realmente secuestran la de otros?

La libertad de expresión vulnerada es obviamente la de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que no comparten ese “pensamiento oficial”. Lo es porque sus ideas quedan eclipsadas por esos manifiestos partidistas de vocación claramente uniformizadora. Y lo es también porque pueden autocensurarse ya que alzar la voz en estos contextos tiene un indudable precio personal y profesional.

No obstante, viendo el tono soez y el esperpento argumental de independentistas y comunes, anclados en su obsesión con el franquismo (sin olvidar alguna referencia a 1714) y buscando amparo en ChatGPT, todo apunta a que estas victorias parlamentarias (la moción de Ciudadanos fue rechazada) pueden ser los últimos coletazos de un enorme sinsentido. Tal cúmulo de despropósitos puede tener predicamento entre gente que no ha escuchado o no quiere escuchar otras opiniones, pero es sencillamente imposible que cuaje en entornos donde exista un mínimo de racionalidad.