Desde que se cometieron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils, una parte del independentismo no ha dejado de considerarlos como el 11M catalán. Tras la matanza de los trenes de Atocha, con un saldo de 192 muertos, se fabricó una teoría de la conspiración para seguir atribuyendo el atentado a ETA y para difundir que los “autores intelectuales” no estaban en montañas o desiertos lejanos, como dijo José María Aznar, sino en la propia España, con el objetivo de cambiar el resultado de las elecciones del 14 de marzo.

Del mismo modo, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, en seguida, desde políticos y medios de comunicación independentistas se propagaron las sospechas sobre la supuesta colaboración con el CNI del imán de Ripoll Abadelbaki Es Satty con el objetivo de atribuir directamente al Estado español los ataques o al menos acusarlo de complicidad por tener conocimiento de lo que se preparaba y no impedirlo. Lo que en un caso eran la mochila de Vallecas o la furgoneta Renault Kangoo, en el otro era la actuación del imán, del que se llegó a decir que no había muerto en la explosión de la casa de Alcanar, sino que seguía vivo. Uno de los defensores de esta teoría es el abogado y diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, letrado de una de las 16 víctimas mortales de los atentados.

Por eso, no es nada extraño que las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo insinuando la participación del CNI en los atentados hayan sido aprovechadas por el independentismo para resucitar la teoría de la conspiración y dar pábulo a las fantasías de un policía corrupto y mafioso que está siendo juzgado por diversos delitos tras haberse enriquecido con la venta de información confidencial y con trabajos de espionaje para extorsionar a las víctimas.

Una de las diferencias entre los dos casos es que en 2004 no existía Twitter y ahora sí, con lo cual las teorías de la conspiración se multiplican en las redes sociales. Y gracias a las facilidades que otorgan las redes, en esta ocasión han intervenido con sus tuits desde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pasando por los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra.

En su declaración como procesado en el juicio que se celebra en Madrid, Villarejo declaró que la matanza de La Rambla fue un “error grave del señor Sanz Roldán, que calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña”. Villarejo es un enemigo declarado de Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, a quien atribuye todas sus penalidades. Al día siguiente, Villarejo matizó que “probablemente la intención no era provocar un atentado, pero sí dar la apariencia para que Cataluña necesitara la protección del Estado”, y aseguró que el asunto “se les fue de las manos”.

De inmediato, los más altos representantes del independentismo creyeron las declaraciones y se lanzaron en tromba. Aragonès tuiteó que “si las palabras de Villarejo son ciertas, son necesarias las explicaciones ya” y exigió que “se investigue para esclarecer la verdad”, además de pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien posibles acciones legales. Con esta iniciativa, el president cuestiona las investigaciones de los Mossos d’Esquadra, que desde el principio descartaron la teoría de la conspiración.

Mucho más lejos fue Puigdemont, que, dando por ciertas las afirmaciones de Villarejo, aseguró en un hilo en Twitter que “la defensa de la unidad de España ha llevado a conductas criminales” por parte de estructuras del Estado, que “tiene responsabilidad en los atentados terroristas de 2017 en Barcelona”, y exigió explicaciones al Rey y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque “España está bajo sospecha”. Además, afirmó que “mancharse las manos para defender ‘la patria’ tiene aceptación en determinados sectores de la sociedad, la política y los medios españoles”. Puigdemont dio todo por hecho hasta el punto de que pidió que se encausara “a los responsables policiales y de los servicios de información involucrados en este crimen” y que sean juzgados.

El vicepresidente Jordi Puigneró declaró que si el Estado no aclara estos hechos, está “convencido de que habrá una investigación internacional”, mientras que Laura Borràs fue aún más rápida y directa y encargó a los servicios jurídicos del Parlament que preparen una denuncia ante la fiscalía para que se investigue el papel del CNI en los atentados. En las redes sociales, además, han proliferado las expresiones “crimen de Estado” o “Estado terrorista”, así como alusiones a los GAL.

En muchas de las demandas sobresale una razón supuestamente bienintencionada: la búsqueda de la verdad. Dando por hecho que la verdad no es la verdad judicial --la sentencia sobre el caso ni menciona al CNI y establece como “verdad científica constatada” que el imán murió-- y se esconde en paraderos desconocidos. Esta es otra de las similitudes con el 11M, cuya duradera teoría de la conspiración se justificó también en la búsqueda de la verdad, pese al largo juicio celebrado y a la extensa sentencia que se dictó. Pero, en ambos casos, esa verdad inaprehensible solo será la verdad material si confirma las sospechas de quien interesadamente la busca.