El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2012 una primera edición del Plan de Vacíos Urbanos con Implicación Territorial y Social (Pla BUITS). Un plan con una doble finalidad: por un lado, evitar las prácticas incívicas que se llevaban a cabo en ellos y, por el otro, regenerar la ciudad otorgando a estos espacios nuevos usos provisionales con implicación social. Sin intención de menoscabar el loable propósito de la medida, no consta a día de hoy ningún estudio que detalle el impacto de la medida y su eficacia comparativa en relación con otras posibles vías de intervención pública. Aun así, tres años más tarde se aprobó la segunda edición del plan, del cual tampoco encontramos ninguna evaluación en la web municipal. Este modus operandi demuestra, como mínimo, escaso compromiso con la rendición de cuentas en la actuación municipal.

Años más tarde, el consistorio de la Ciudad Condal aprobó en 2017 el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que fue anulado por los tribunales debido a la ausencia del estudio económico. El ayuntamiento volvía a tropezar con la misma piedra: nuevas políticas y grandes objetivos sin fundamento técnico. Si se hubiera llevado a cabo tal evaluación, el ayuntamiento hubiera podido recalibrar la intervención escogida, reduciendo al máximo sus externalidades negativas y mostrando así su compromiso con los ciudadanos.

Por otra parte, si nos centramos en la esfera autonómica, la presentación de decretos ley por parte del Govern; y de proposiciones de ley, mociones y resoluciones parlamentarias por parte de los partidos; así como de las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por la ciudadanía, no exigen hoy ninguna evaluación de impacto económico y social. Sí se requiere una evaluación para la aprobación de anteproyectos de ley, proyectos de decreto legislativo y proyectos de reglamento. Esto serían buenas noticias si no fuera porque estas evaluaciones se encargan a organismos que dependen de la propia Administración de la Generalitat o a instituciones públicas, de modo que su imparcialidad se ve, por lo menos, comprometida. Por tanto, el margen de mejora es muy considerable.

No todo son malas noticias. Por ejemplo, los efectos de la prueba piloto del proyecto B-MINCOME sí que han sido evaluados. El objetivo de este proyecto es evidenciar la eficiencia y la eficacia de combinar una ayuda económica con políticas activas sociolaborales en diez barrios de Barcelona. En concreto, el estudio concluyó que, mientras que hubo una mejora en la inseguridad financiera de estos colectivos, se detectó un impacto negativo en la cantidad y calidad del trabajo demandado. En otras palabras: se concluyó que tales ayudas desincentivaban la búsqueda de trabajo. Por tanto, estos resultados deberían permitir reformular el diseño y abordar el problema con mayor conocimiento de causa y sin generar estos efectos no deseados.

La evaluación independiente de políticas públicas antes (ex ante), durante (in itinere) y después (ex post) de su introducción es uno de los elementos clave de un buen diseño institucional. Según el estudio anual del Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Göteborg sobre calidad institucional (2021), Cataluña ocupa la posición 137 de las 210 regiones europeas y si centramos el foco en España, se encuentra en la última posición de las 17 comunidades autónomas. Este no es sino otro síntoma del escaso compromiso de nuestros representantes con la rendición de cuentas.

Quizá, para que nuestros políticos se espabilen, sería conveniente incorporar las sunset clauses, cláusulas presentes en el mundo anglosajón que comportan la derogación automática de una regulación dentro de un período previamente determinado, a no ser que esta se sujete a un procedimiento de evaluación. Es una de las propuestas del Instituto Ostrom en el informe de su nueva campaña --mesurarperavançar.cat-- que reta a nuestros políticos a incorporar la evaluación y la rendición de cuentas en su práctica diaria. No cabe duda de que esta medida elevaría la calidad del debate en el Parlament y el rigor en el diseño de políticas públicas. Medir antes de legislar es una receta contra el populismo.