El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Barcelona, en su reiterada tentativa de profundizar en los problemas de los barceloneses, aprobó inicialmente un nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) con el pretexto de recuperar el equilibro entre el turismo y el derecho a la vivienda en la ciudad. El PEUAT es un instrumento de planeamiento urbanístico que busca dar un marco jurídico a las diferentes modalidades emergentes de alojamiento turístico, entre las cuales se encuentra el hogar compartido, definido como la residencia habitual de aquellas personas titulares que deciden destinar alguna de sus habitaciones libres a terceros por un período igual o inferior a 31 días a cambio de una contraprestación económica.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya anuló íntegramente el PEUAT 2017 por falta de evaluación financiera, así como del informe de sostenibilidad económica. Una vez más, el gobierno de Ada Colau olvidaba acreditar en este sentido la viabilidad de sus propuestas; síntoma del grado de improvisación errática a la que nos tienen acostumbrados. La evaluación del impacto económico de las políticas públicas debería tomar un mayor protagonismo, sobre todo vistos los efectos de intervenciones recientes mediante el planeamiento urbanístico.

Con la reforma anunciada en enero, el grado de intervención del ejecutivo de Colau en la libertad de los barceloneses ha traspasado el linde de sus hogares, mediante un instrumento que, si bien puede ser adecuado para regular las distintas limitaciones de las actividades económicas en términos urbanísticos, no lo es para entrometerse en sus domicilios. De hecho, ninguna capital europea prohíbe a sus residentes compartir su vivienda habitual y permanente a cambio de una contraprestación económica.

La actualización prevista del PEUAT agrava la situación, castigando severamente la figura de los hogares compartidos, prohibiendo su nueva implantación en toda la ciudad. Esta es la manera que el gobierno municipal ha encontrado para conceder un marco regulatorio a la economía colaborativa. Un marco que, en lugar de garantizar la seguridad jurídica a anfitriones y usuarios de los hogares compartidos, viene a castrarlos, olvidando que esta actividad económica constituye un complemento vital para muchas personas para llegar a final de mes, especialmente en un contexto en el que la renta media de los barceloneses se ha visto reducida un 7%.

El Ayuntamiento justifica esta medida esgrimiendo que “las posibilidades de explotación económica turística” de los hogares compartidos ya estarían “suficientemente cubiertas” en la ciudad. ¿Habrá realizado un estudio económico que así lo acredite? ¿Qué significa “suficientemente cubiertas”? ¿Por qué debe cubrirse la demanda existente sólo con la oferta hotelera? ¿Por qué invierte entonces el consistorio en promoción turística? Lo que denota esta medida es un grado de paternalismo desmesurado y una discriminación regulatoria para favorecer a los operadores incumbentes. La acción política debería limitarse a corregir las potenciales externalidades negativas del turismo sin privilegiar o discriminar a un segmento del mercado. Así pues, existen alternativas más proporcionales como pueden ser el recargo en la tasa turística o la creación de un mercado de derechos de arrendamiento de vivienda a corto plazo para el caso de los pisos turísticos, y no para los hogares compartidos, que complementan y no desplazan la oferta de alquiler residencial. Se debe recordar, además, que cuando la regulación de los usos del suelo se utiliza para determinar la configuración comercial del territorio, ésta se erige como una importante restricción a la competencia que podría ser incluso contraria a la Directiva de Servicios.

En definitiva, la prohibición del hogar compartido no es más que una cortina de humo para la problemática habitacional de Barcelona. Una externalización de responsabilidades del gobierno y sus socios a aquellos ciudadanos que libremente comparten sus hogares para complementar su renta. Las medidas que quieran abordar eficazmente el problema del acceso al alquiler deberán ir dirigidas a aumentar la oferta de viviendas. Por tanto, lejos de alcanzar el objetivo inicial, el gobierno de Ada Colau no ha sabido profundizar en los problemas de los barceloneses como tampoco llegar al fondo de la cuestión. Una falta de visión y coraje político que sufrirán aquellas famílias que la misma alcaldesa afirmaba defender.