La vivienda abre un cisma entre Colau y PSC en el gobierno municipal

La carta enviada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que propone una ley de vivienda que limite los precios del alquiler y extienda la obligación a los promotores de construir un 30% de pisos sociales a toda España, ha provocado una crisis en el gobierno municipal, donde se han reproducido las diferencias que ese asunto genera entre PSOE y Podemos.

Asimismo, las declaraciones efectuadas por la concejal de Vivienda, Lucía Martín, de Barcelona en Comú, en las que cuestiona la normativa española, han abundado en ese cisma. Los socialistas han pedido explicaciones a sus socios, a los que acusan de pronunciarse de forma unilateral. Los comunes critican que la futura norma española no fije un límite al precio de los alquileres, algo que ya ha denunciado Podemos.

Comisión de estudio

PSC, socio de gobierno En Comú Podem, ha expresado su malestar ante la iniciativa de la alcaldesa. El partido, a través del concejal socialista Joan Riera, defiende la nueva ley española porque “regula los precios del alquiler, al tiempo que favorece la oferta de vivienda asequible para las clases trabajadoras”. Añade Riera en su perfil de Twitter que la regulación se hace “a partir de penalizar fiscalmente la tenencia de pisos vacíos, de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado por la falta de oferta y la necesidad de vivienda asequible como Barcelona”. Asimismo, incentiva la movilización de vivienda de alquiler.

Riera recomienda a los comunes que repasen las conclusiones de la comisión de estudio sobre la regulación de alquileres, consensuada entre PSC, En Comú Podem, ERC y Junts per Catalunya en noviembre de 2020. Entre las mismas destaca la necesidad de una regulación de los alquileres, por lo que el debate a partir de ese momento era cómo hacerlo protegiendo a los inquilinos y, a la vez, el derecho al beneficio razonable de los propietarios partiendo de la visión de la vivienda, no como una mercancía, sino como un derecho fundamental.

"Plantear bonificaciones fiscales en oposición a regular los alquileres es absurdo: sabemos que no sirven para contener/bajar precios ¿También bonificará los alquileres abusivos de grandes propietarios? Ministro Ábalos ¡deje de hacer el ridículo y cumpla el acuerdo!", ha manifestado la concejal Lucía Martín en sus redes sociales.