La semana pasada, el gobierno presentó los planes de impulso a los sectores turístico y de la automoción. Ambos están en una muy difícil situación y constituyen dos de los principales pilares en que se sustenta la economía española. De forma directa, en 2018 el turismo y la fabricación de vehículos y componentes aportaron el 20,9% del PIB.

Por dichos motivos, me ha sorprendido el retraso en realizarlos y el escaso gasto directo comprometido por el ejecutivo. En el turismo, la demora dificultará su recuperación durante la campaña estival, pues la reapertura de fronteras con los países europeos del espacio Schengen, con la excepción de Portugal, tuvo lugar el 21 de junio.

El plan de impulso al sector turístico supone una inversión directa de 281 millones de euros. El resto de la aportación, hasta llegar a 4.262 millones, es efectuada por avales destinados a proporcionar financiación y liquidez a las empresas, moratorias hipotecarias y préstamos.

En la automoción, de los 3.750 millones destinados a su reactivación, solo 645 millones de euros constituyen un dispendio directo y a corto plazo. Las partidas restantes son préstamos, avales para la financiación de vehículos comerciales e industriales e inversiones a medio plazo para incentivar la fabricación y adquisición de automóviles eléctricos.

En los documentos o declaraciones públicas, la exageración de las cifras con que los ejecutivos apoyan a un determinado sector o a la economía en general constituye una constante que traspasa fronteras. No dicen ninguna mentira, pues generalmente emplean la palabra movilizar, en lugar de gastar o invertir. No obstante, sí disfrazan la verdad.

La principal diferencia entre el importe movilizado y el desembolsado está relacionado con el efecto multiplicador de los avales. Éstos tienen características casi mágicas y, gracias a las líneas de crédito o préstamos ofrecidos por los bancos, convierten poco dinero invertido por el sector público en bastante o mucho recibido, que no donado, por el privado.

A pesar de ello, si comparamos nuestros planes de estímulo con los de los vecinos o principales competidores, queda claro que el gobierno español está siendo cicatero. Al sector turístico, Grecia y Francia destinarán 25.000 y 18.000 millones, respectivamente. A favor de la automoción, el país teutón y el galo, primer y tercer productor europeo (España es el segundo), movilizarán 11.800 y 8.000 millones, respectivamente.

Al turismo, la Comisión Europea recomienda destinar al menos el 20% de los fondos provenientes del nuevo plan de recuperación. Si, como está previsto, España recibe 140.000 millones, el importe mínimo obtenido por el sector debería ser de 28.000 millones. Una cifra muy lejana de la asignada, incluso si contabilizamos el dinero gastado hasta el 1 de junio en avales del ICO, ERTE de empresas turísticas y prestaciones por desempleo de los autónomos. Si así lo hacemos, la cuantía total ascendería a 18.864 millones.

Los principales defectos del plan de apoyo al sector turístico son: una escasa subvención indirecta de los billetes de avión, falta de incentivos a inversiones destinadas a mejorar las instalaciones hoteleras, la inexistencia de un plan específico para las islas ni para desarrollar el turismo cultural y la carencia de medidas que generen demanda y alarguen la temporada alta.

En resumen, constituye una gran decepción. Una elevada subvención de los billetes de avión (el importe destinado es de 25 millones) hubiera abaratado la estancia de los turistas extranjeros y aumentado la competitividad del país. El resultado hubiera sido un mayor número de vuelos internacionales hacia nuestros aeropuertos, más visitantes extranjeros y una recuperación más rápida de la economía, especialmente la de las Islas Baleares y las Canarias.

No obstante, con independencia de las medidas adoptadas, la llegada de turistas de otros países disminuirá notablemente por la crisis económica y el miedo al contagio. En dicho contexto, sería lógico que el gobierno estimulara el aumento de los nacionales. Sin embargo, no ha hecho nada al respecto. Ni ha proporcionado un bono de hasta 500 millones de euros, tal y como ha efectuado el italiano a las familias transalpinas que pasen sus vacaciones en hoteles del país, ni ha extendido al verano y a todas las edades el exitoso programa IMSERSO.

El contenido del plan de impulso al sector de la automoción es más atinado. Favorece el aumento de la demanda mediante la reducción del precio de los automóviles nuevos. Lo hace a través de subvenciones gubernamentales y descuentos de los fabricantes. Es un acierto que, además de a los eléctricos e híbridos, también se apliquen a los de motor de combustión.

No obstante, me parece un error la limitación de las rebajas a nuevos que sustituyen a usados de 10 o más años, la gran diferencia de subvención entre los eléctricos y los convencionales y la inexistencia de ayudas para los de segunda mano con una antigüedad igual o inferior a los 5 años (la mayoría procedentes de la finalización del período de renting)

La preferencia de los españoles por los modelos más económicos, especialmente cuando llega una crisis, la deja muy clara el siguiente dato: en el mes de marzo, los automóviles de más de 10 años representaron un 60% de las ventas, siendo solo un 29% de la oferta.

Finalmente, el plan debería incentivar la fabricación de componentes en nuestro país. De los automóviles ensamblados, el 57,5% del valor de sus piezas es generado en España. Un importe notablemente inferior al de Alemania (74,5%), Reino Unido (69%) y Francia (65,4%).

Si el país germano rescata con aportaciones millonarias a sus principales empresas, nuestro gobierno debería aprovechar el momento y asegurar el futuro de la industria de la automoción en la próxima década. En concreto, conceder ayudas y avales a créditos con un largo período de carencia, con el objetivo de incrementar el porcentaje de producto nacional incorporado en los vehículos ensamblados en España.

En definitiva, el ejecutivo, con la aportación indispensable de la banca, está aplicando tres anestesias que están haciendo más digerible la crisis más aguda de la historia reciente de España: los ERTE, préstamos ICO y moratorias hipotecarias. Sin duda, un gran acierto.

No obstante, cuando la anestesia desaparezca, el enfermo ha de respirar por si mismo y estar fuera de la UCI. Para eso es indispensable gastar mucho dinero en la recuperación de la economía, aunque en 2020 el déficit público se acerque al 15% del PIB (el previsto por el FMI para EEUU es del 15,8%). Haga lo que haga, no podrá impedir que aquél supere el 10%.