Todos tenemos la imagen reciente de las derechas que han hecho gala de unos discursos todos ellos coincidentes en utilizar un lenguaje que no parece ser el propio de una oposición democrática. Es especialmente revelador el tono utilizado por los diversos representantes de la derecha en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Y no sólo el tono bronco sino la utilización de una serie de conceptos, manipulados unos y ultramontanos otros, impropios de quien quiere encabezar una alternativa de derecha democrática.

Nos referimos a las descalificaciones efectuadas al entonces candidato, a su propuesta de gobierno y a la mayoría que le iba a dar la investidura por activa o por pasiva. Calificar al gobierno de “ilegitimo” es posiblemente uno de los conceptos más peligrosos y cuasi “golpistas”, al igual que  el recurso de llevar al futuro Presidente del gobierno ante los tribunales que es de extrema dureza. Junto a ello está el intento de apropiarse de elementos que son comunes a toda la ciudadanía como diversos símbolos como la Constitución, la Jefatura del Estado y otros como la bandera o la unidad de España. Recurrir a burdas mentiras de situaciones que por suerte han sido superadas en nuestra reciente historia como la existencia de ETA o la presunción de que el futuro gobierno puede efectuar negociaciones ilegales en el contencioso catalán.

Todas estas descalificaciones son burdas manipulaciones y tergiversan la verdad. En primer lugar porque nadie puede arrogarse el patrimonio constitucional y menos los herederos de los que tuvieron serias dudas sobre el marco constitucional como fue la derecha de Alianza Popular y por tanto sus sucesores, mientras que socialistas y comunistas estuvieron entre los que dieron origen a la Constitución democrática. Tampoco pueden patrimonializar la lucha contra ETA que causó víctimas entre todos los demócratas y que fue derrotada por el estado democrático, especialmente durante el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Y es inadmisible que de antemano se condene algo imposible como es que el Gobierno vaya a efectuar ilegalidades en la negociación para resolver la situación en Cataluña, es imposible porque saben perfectamente cuales son los límites de la legalidad, otra cosa es que puedan plantearse cambios de la legalidad que deberán ser aprobados de acuerdo con la ley vigente.

El problema de las derechas es que nada de esto es nuevo. Exceptuando en la época de la transición cuando la derecha, posiblemente avergonzada por su participación en la dictadura, fue residual y la UCD de Suárez ocupó su lugar, siempre ha mantenido posiciones extremas y ha acusado a las alternativas de progreso con epítetos extremos y descalificadores. Podemos decir sin equivocarnos que con las derechas de Aznar, de Rajoy o de Casado, Vox o Arrimadas el acuerdo constitucional hubiese sido imposible. Y es que el contenido de la Constitución en muchos de sus aspectos no agrada a las derechas y por ello siempre tratan de recortarlos.

Los avances en derechos sociales, desde el inicio, se han hecho como fruto de la aplicación de la constitución y siempre bajo gobiernos de la izquierda. Los derechos laborales y sindicales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de libertad sindical. La sanidad pública universal y la educación pública en una primera etapa. Los derechos sociales de la igualdad de género y del derecho a la diferencia, el divorcio y el aborto en otra etapa.

La derecha siempre ha estado en contra y cuando ha podido ha tratado de recortarlos. Ahora sin más podemos verlo en su intento de ataque a partir de la “censura parental”  atacando la propia existencia de la escuela pública.

Recordemos como recibieron al Gobierno de Zapatero acusándole de haber ganado de forma poco clara las elecciones cuando se desenmascaró el intento del PP de involucrar a ETA en los atentados de Madrid. Y el tiempo que continuaron hablando de la trama de ETA, tanto políticamente como a través de sus medios afines. Y cuando la derecha acusó a Zapatero de traicionar a las víctimas de ETA por intentar negociar una salida, cuando ellos mismos con Aznar y sin que nadie les criticara negociaron con el para ellos denominado Movimiento de Liberación Vasco. Y eso sin olvidar la campaña de desgaste institucional con el pretexto del nuevo Estatut de Cataluña y sus manipulaciones del Constitucional que fueron el inicio de la desafección catalana respecto al estado.

La derecha en España, con la excepción del PNV, ejemplo de la tradición cristiano demócrata europea, está  muy lejos de las concepciones de las democracias europeas más modernas. Las derechas y no sólo las políticas sino también las económicas tienen una concepción patrimonial de un Estado que creen que por derecho divino es suyo. No toleran si no es con desagrado el acceso de las fuerzas de progreso al gobierno. Lo toleraron en el caso de Felipe González porque aún no se atrevían a alzar la voz porque el recuerdo del franquismo aún estaba cercano, pero posteriormente siempre han tenido mal perder.

Nuestras derechas creen aún en el patriotismo de la bandera, Merkel les ha dado un ejemplo de que las banderas no pueden tener utilización partidista. Quieren una España a su imagen y semejanza, clerical y patriarcal, férreamente unitaria y socialmente desigual y atlantista más que europeísta. Y con esa concepción patrimonial de lo que es de toda la ciudadanía continuamos con el riesgo de una alternativa poco democrática y autoritaria que tiene su más fiel reflejo en Vox y su ascendente sobre el resto de las derechas. La foto de Colon es su mejor imagen.

El déficit democrático congénito de la mayoría de las derechas del estado es una muy mala noticia para todos ya que imposibilitará en su momento amplios acuerdos de reformas legales que la adaptación del Estado a la realidad actual pueda precisar. En este sentido no hay duda que la situación que se dio en la transición fue mucho más favorable democráticamente hablando que la actual.

No hay duda que a corto plazo la posición extrema de las derechas puede ayudar a aglutinar al resto de los partidos en torno al gobierno pero a largo plazo ese déficit democrático de las derechas será una dificultad grave.