Carpetazo final en la guerra del agua: Agbar se queda con la gestión del agua del área metropolitana de Barcelona, tras varios años de litigio para recuperar de forma plena su servicio, con una sentencia firme del Supremo, contra la que no cabe recurso.
El presidente de Agbar, Ángel Simón, deshace un entuerto del expresident de la Generalitatr, Artur Mas, que privatizó el servicio para alimentar su dudosa caja fuerte. Y paralelamente le gana un pulso a la alcaldesa, Ada Colau, que por puro dogmatismo defendió la remunicipalización de un servicio de probaba virtud público-privada. Detrás de la recuperación definitiva de Agbar se encuentra su autor intelectual, el jurista y académico Santiago Muñoz Machado, especialista en derecho Administrativo y Constitucional, que ha convencido a la Sala Quinta de lo Contencioso del Supremo de que autorice a Aigües de Barcelona, filial de Agbar, y reconozca la vigencia de un servicio que se realiza desde 1953.
Muñoz Machado habla poco y hace mucho. Sus dictámenes nacen por así decir de la intimidad de los cenáculos humanistas; salen del recinto de las academias para ofrecer soluciones prácticas que además llevan inscrito el toque letrado. Del litigio del agua se ha escrito mucho para desbrozar un camino que él encontró y que, ahora, después de la sentencia del Supremo, provoca la queja de Colau, cuando dice que la justicia se ha vendido a las grandes empresas en la gestión del servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona. Mal perder; pésimo arrebato y un nuevo intento de dinamitar el corazón del Derecho; proyectil irreverente (y van muchos) frente a sentencia docta.
Esta vez, sin embargo, el TSJC refuta las quejas aparecidas en una entrevista en la que Colau relacionaba el fallo del Tribunal Supremo con el hecho de que "Agbar tiene un convenio con el poder judicial para instruir a los jueces en temas de agua". Algo huele a podrido y a voluntades cautivas, pero no son los magistrados. Colau quiere nacionalizar el agua, como si esto fuera la Habana vieja; no tiene en cuenta más de 70 años de servicio impecable de Agbar en el área metropolitana.
Muñoz Machado, catedrático, director de la Real Academia Española (RAE) y autor brillante, es un compendio de cómo el humanismo retórico ha desplazado al dogma; él defiende la letra como la solución para una Europa dividida en la que las identidades son el mal que nos devora. Aplicar a la realidad el fundamento del derecho es una divisa del buen utilitarismo.
Santiago Muñoz Machado / FARRUQO
El derecho Administrativo es a la naturaleza de las cosas lo que el derecho Constitucional es a la condición de los ciudadanos. Ambos campos conforman una equivalencia entre nuestros derechos y lo que somos, un principio que Muñoz Machado, catedrático de la Complutense, trasladó en su análisis de las instituciones como coordinador de una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, bajo el epígrafe, Ideas para una reforma de la Constitución, presentado en 2017 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y firmado por Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos, entre otros.
Aquel informe propuso reformar la Constitución y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del federalismo” vigentes en otros países europeos. Los expertos, que actuaban por iniciativa propia ante la crisis catalana, planteron en sus documentos que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También propusieron fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco. La crisis independentista catalana se ha convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo territorial que esta consagra.
Ahora transcurridos dos años de aquel documento, las espadas del constitucionalismo se mueven con menos apuro y se centran en el balance incierto del 10-N, después de cuatro comicios en dos años. Los entornos comprometidos con el espacio político de centro (no solamente las élites jurídicas) han aparcado las doctrinas para sumergirse en la misma praxis. Francesc Carreras, César Molinas o Toni Roldán, entre otros firmantes, destacan, en un documento que verá la luz el próximo martes, que “vivimos un momento de disgregación por causa de un partidismo cerril, afecto solo a las siglas; y los nacionalistas ven la oportunidad de fraccionar el territorio común, el primero de los bienes que comparte la ciudadanía. Y es la quiebra de los consensos sobre cuestiones de Estado entre los partidos políticos nacionales la que otorga ilusión y esperanza a los nacionalistas periféricos, otorgando credibilidad a lo que es imposible”.
Entre los firmantes de este nuevo documento aparecería por segunda vez Manuel Valls, pero el ex primer ministro francés y actual concejal de Barcelona estaría perdiendo capacidad para concitar al mismo grupo que ahora busca el centro dejando a un lado las siglas socialistas: “un Gobierno que represente solo a una mitad del país no estará en condiciones de realizar las reformas imprescindibles para encarar el futuro ni conseguirá que cicatricen las heridas recientes. No lo estará un gobierno formado exclusivamente por el PSOE y Podemos. La situación empeora si consideramos que el gobierno que se prefigura habrá de contar, para cada paso, con la aprobación de fuerzas independentistas que no disimulan el objetivo de destruir nuestro devenir democrático común amparado en la Constitución”.
En libros como Hablamos la misma lengua o en Cataluña y las demás Españas, (ambos de Ed. Crítica), Muñoz Machado destaca convergencias y mensajes de unidad natural en el Club de las Españas, como diría una la voz liberal de herencia gaditana. La prosa del cátedro y académico (él gano su silla de la RAE en liza con Juan Luis Cebrián) es un buen lenitivo para rebajar las pasiones mortíferas que nos acechan. El Cervantes acaba de premiar a Joan Margarit, un poeta bilingüe de enorme poder evocador y García Montero dice que la poesía es “un acto cívico”. Pero España es un país de vuelcos paradójicos. Nuestras crisis son dinásticas, a pesar de producirse en el seno de los partidos políticos. Precisamente, la guerra del agua en Barcelona, ganada por la mano intelectual del académico, desnuda el síntoma de una perversión que mantenemos: el encastillamiento.
