Hace muchos años, en 2013, ya denuncié el compromiso de Iniciativa per Catalunya con las fuerzas independentistas, bajo el gobierno de Mas, cuando suscribió el manifiesto del 23 de enero de ese año. Han pasado muchas etapas desde aquel gobierno y del impuesto por la CUP en enero de 2016, bajo la dirección de Puigdemont. Durante esos años, hasta las jornadas parlamentarias de septiembre de 2017, los dirigentes de ICV consintieron pasivamente las medidas ilegales y antidemocráticas que los gobiernos de Cataluña fueron adoptando para forzar la “desconexión”, y luego, ya la ruptura con el Estado democrático español y la Constitución de 1978. Paralelamente, ICV, cuya identidad iba diluyéndose, se coaligó con fuerzas políticas, como los comunes y Podemos, nacidos bajo el impulso del 15M, de menor consistencia ideológica, concurriendo con ellas a varios procesos electorales, con resultados, para sus candidatos, cada vez más limitados.

Ahora, ya ha llegado el final y todos los diarios anuncian su disolución. Es, políticamente, una pésima noticia. Pues supone la desaparición del único partido, el anterior PSUC, que representaba, con independencia de su última etapa, una auténtica izquierda, por sus orígenes –julio de 1936–, su ideología con fundamentos en el marxismo, su incansable y sacrificada lucha contra la dictadura y su función esencial en la transición para aunar fuerzas de diversa ideología que permitieran la conquista y consolidación de la democracia.

Muchos y muchas antiguos y recientes militantes del PSUC y de ICV nos vemos obligados a aceptar esa dramática realidad, pero sabemos y denunciamos que el proceso independentista es la causa esencial de ese hundimiento y ello genera una responsabilidad histórica.

Por ello, estamos obligados a recordar y hacer presente que, bajo la dictadura, dicho partido fue el que más sufrió la durísima represión franquista, asesinatos, penas de muerte, detenciones arbitrarias, torturas, largas penas de prisión y una implacable persecución, como, entre miles de ellos, la que sufrió Miguel Núñez. Todo ello, ante consejos de guerra que dictaban “monstruosas sentencias, por sus dimensiones antijurídicas y severísimas penas” (Justicia Democrática, 1971). Ante esta realidad, es necesario hacer presente la trascendencia que tuvo para el PSUC la militancia clandestina de jueces y fiscales, como el magistrado José Peré Raluy, ya fallecido, a quien López Raimundo dedicó unas palabras en el V Congreso para reconocer cómo el Partido había conseguido conquistar espacios de libertad al haber penetrado en el aparato de la Administración de Justicia.

Pero nuestra despedida debe hacer constar que la construcción de la actual sociedad catalana fue posible, en buena parte, gracias a la activa presencia del PSUC y al planteamiento, ya durante la dictadura, de una democracia como un sistema de garantías y libertades y de un régimen de bienestar e igualdad, sin opresiones ni exclusiones por causa alguna. Y, desde luego, su impulso y decisiva presencia, desde su fundación, en 1971, en la Assemblea de Catalunya. Cómo olvidar las palabras de Antoni Gutiérrez Díaz en la Festa de Treball de 1980: “La Cataluña de hoy es la Cataluña de todos y no dejaremos que nos la arrebaten aquellos que con nacionalismos extremos y provocadores quieren utilizar la bandera catalana para esconder sus intereses de clase… No debemos caer en la trampa de dejarla en manos de aquellos que la quieren para disimular que las tienen sucias” (toda la familia Pujol está encausada penalmente). Así se expresaba también Gregorio López Raimundo en Taula de Canvi en 1981: “La comprensión de la necesidad del partido de los comunistas para combatir la opresión, la miseria, la ignorancia y la desigualdad y construir una sociedad mejor, libre y fraternal”. Objetivos que, en una parte significativa, fueron incorporados a nuestra Constitución, gracias sin duda a las aportaciones del ponente del PSUC Jordi Solé Tura. Como también reivindicaba “la personalidad nacional de Cataluña”, promoviendo y favoreciendo la integración de los inmigrantes en el pueblo de Cataluña “sin dejar ni una rendija abierta (…) al enfrentamiento de unos y otros”. ¡Qué ejemplo para el doloroso proceso que hoy vivimos en Cataluña!

Como tampoco pueden ignorarse las actuaciones, en diversos ámbitos institucionales, de, entre otros muchos, dirigentes como Joan Saura, impulsor del primer Código Ético de la Policía, y de Joan Herrera, por su relevante labor en el Congreso de los Diputados por la Memoria de las víctimas del franquismo y en la lucha contra la corrupción. O, ya en el Parlament, la inmensa tarea desarrollada para la creación y desarrollo del Memorial Democràtic –expresada en dos leyes– por tan valiosas y entregadas personas como Miquel Caminal, ya fallecido, o María Jesús Bono.

No pueden cerrarse estas palabras sin mencionar la profunda preocupación que suscitaba en el PSUC-ICV la crisis progresiva, expresada en una profunda desigualdad, de la humanidad. Decía Gregorio: “(El partido) debe ponerse al servicio de la lucha para salvar a la humanidad del despeñadero a que la conduce el sistema capitalista dominante y la globalización liberal, por la construcción del ‘otro mundo posible’ sin guerras, hambre ni explotación”.

Las acuciantes necesidades expuestas y los esfuerzos necesarios para resolverlas siguen pendientes. Otra auténtica izquierda debe tomar el relevo.