En el pasado octubre, según Fotocasa, el importe medio del alquiler de una vivienda en España fue de 8,01 euros/m2. Para un piso de 70 m2, una de las superficies más habituales, supone pagar 561 euros mensuales. Una cuantía que es un 20,8% inferior al máximo histórico (mayo de 2007) y un 18,3% más elevada que la abonada en el mínimo de los últimos años (diciembre de 2014).

A pesar de ello, una gran parte de los ciudadanos creen que los alquileres están más caros que nunca. Una errónea percepción basada en dos principales motivos: el incremento de los asalariados, en relación a una década atrás, que perciben una escasa retribución y, en el tercer trimestre de 2017, la llegada del importe de los arrendamientos a su máximo histórico en las ciudades de Barcelona y Madrid. El primer factor provoca que una sustancial parte de la población tenga ahora más dificultades para pagar un alquiler que en 2007; el segundo que se generalice a todo el país lo que ocurre en sus dos principales capitales, debido a su gran importancia mediática.

Según la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2016, el porcentaje de asalariados que percibían una remuneración equivalente o inferior al salario mínimo aumentó en 7,1 puntos (26,9% versus 34%). Un incremento prácticamente igual (7,2 puntos) al advertido entre quienes obtenían 1,5 veces dicho salario (39,8% versus 47%).

En el tercer trimestre de 2017, según Idealista, el importe medio del alquiler en Barcelona y Madrid fue de 18,3 €/m2 y 15,3 €/m2, respectivamente. En concreto, un 21,2% y un 10,9% superior al advertido en el segundo trimestre de 2008 (nivel máximo de la anterior década). En dichas ciudades, su evolución ha sido notoriamente más alcista que la de la media nacional. El motivo es que en ambas hay una demanda considerablemente más elevada que la oferta, a pesar de que en ellas el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler supera al de la mayoría de los municipios del país.

En Barcelona y Madrid la evolución del precio de alquiler de la vivienda ha sido notoriamente más alcista que la de la media nacional porque hay una demanda considerablemente más elevada que la oferta

Ante dicha percepción, la propuesta estrella del PSOE consiste en la vuelta de la renta básica de emancipación. Ésta fue una medida establecida por Zapatero el 1 de enero de 2008 y derogada por Rajoy el 31 de diciembre de 2011. Su objetivo era facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda de alquiler mediante la concesión de un subsidio de 210 euros mensuales a los que tuvieran una edad comprendida entre los 22 y 30 años (se extinguía al cumplir dicha última edad). La única condición importante que debían cumplir los solicitantes era la obtención de ingresos regulares inferiores a los 22.000 euros.

Desde la perspectiva económica, la medida estaba destinada a constituir un rotundo fracaso porque afectaba al lado incorrecto del mercado de alquiler. En el año 2008, el problema no estaba en la demanda, que era muy elevada, sino en la oferta, que era escasa. Al conceder un subsidio a los jóvenes, daría lugar a un aumento de la demanda y provocaría un incremento del importe del alquiler. Por tanto, supondría una transferencia de dinero desde la administración a los propietarios de viviendas y un grave perjuicio para el resto de inquilinos que tenían 30 o más años. Éstos no recibirían ningún subsidio y verían aumentar el importe de su arrendamiento.

Los ministros económicos del gobierno de Zapatero sabían perfectamente lo que hacían, pues los fundamentos de la anterior medida se explican con detalle en el primer curso de cualquier grado de Economía o Administración de Empresas. Después de superarlo, todos los estudiantes tienen claro que un subsidio, como el que llevaba incorporado la renta básica de emancipación, beneficia por regla general tanto a los demandantes (jóvenes) como a los oferentes (propietarios). No obstante, favorece siempre más a la parte donde hay escasez relativa (técnicamente la que tiene una menor elasticidad). Sin duda, en enero de 2008, ésta la constituían los propietarios (la oferta).

No obstante, el principal interés de Zapatero no estaba en el tema económico, sino en el político. En marzo de 2008, había elecciones generales y uno de los objetivos del PSOE, para revalidar una mayoría parlamentaria, era movilizar el voto de los jóvenes. Un instrumento perfecto lo constituía dicha medida. Desde la perspectiva política, la que verdaderamente importa a quién toma las decisiones, los perjudiciales efectos sobre el mercado de alquiler constituían un mal necesario.

La renta básica de emancipación supuso una transferencia de dinero desde la administración a los propietarios de viviendas y un grave perjuicio para el resto de inquilinos de 30 o más años

No obstante, la repercusión alcista sobre el precio no fue la inicialmente prevista. Ésta quedó limitada a los primeros meses de 2008 y afectó casi exclusivamente a las grandes ciudades del país. No lo hizo porque la teoría fallara, sino porque el contexto cambió radicalmente en muy poco tiempo. La crisis económica volvió al factor escaso en abundante, y viceversa, y procedió a convertir, desde cualquier perspectiva, al subsidio en una medida insignificante.

En definitiva, la propuesta de volver a la renta básica de emancipación del PSOE constituye un caso de populismo político y supone recaer en los errores del pasado. A diferencia de hace aproximadamente una década, en los próximos años no llegará la crisis, sino que continuará la expansión de la economía. Por tanto, el impacto del subsidio sobre las rentas de alquiler puede ser considerable.

En otras palabras, puede generar un problema en numerosos municipios donde no hay ninguno con el acceso a una vivienda de alquiler y convertir en muy grave el que ya existe en Barcelona y Madrid. Desde mi perspectiva, los votos que puede proporcionar una medida errónea como ésta no la justifican. No obstante, soy perfectamente conocedor que los políticos, de uno y otro signo, piensan diferente. ¡Qué lástima!