En múltiples ocasiones, me han preguntado si, desde la perspectiva económica, sería viable o no una Cataluña independiente. Mi respuesta ha sido siempre afirmativa, pues todos los nuevos países creados lo han sido. No obstante, ésta no es la cuestión clave, sino si la independencia proporcionaría a sus ciudadanos un mayor nivel de vida, tal y como indican los partidos independentistas. Un nuevo estatus que ya queda claro que no se alcanzaría mediante un acuerdo con el resto de España, sino muy probablemente a través de un conflicto, cuyo alcance es sumamente difícil de precisar.

En el largo plazo, entendiendo por tal un período de 30, 40 ó 50 años, la mejor respuesta sería la proporcionada por un vidente o futurólogo, pues los economistas no disponemos de los instrumentos necesarios para realizar una predicción a dicho plazo con un cierto grado de verosimilitud. Por tanto, el objetivo del presente artículo consistirá en analizar cómo serían los años siguientes a la declaración de independencia. En otras palabras, el período de tiempo popularmente conocido como de transición y que difícilmente duraría menos de un lustro.

El primer factor que afectaría negativamente a Cataluña sería la disminución de sus exportaciones. En concreto, las realizadas al resto de España y de la Unión Europea. (UE). Dos serían los motivos: el boicot efectuado por los ciudadanos españoles a los productos catalanes y la salida del nuevo país de la UE. Un aspecto este último que niegan los independentistas, pero que han confirmado numerosas veces distintos políticos con responsabilidades en la Comisión Europea.

La independencia afectaría negativamente a la exportaciones de Cataluña, y supondría una caída de, al menos, un 3,92% del PIB

En el comercio de bienes, el superávit de Cataluña en 2016 respecto al resto del Estado fue de 17.548 millones euros. Si la independencia lo reduce a la mitad, un supuesto muy optimista dado el impacto que las separaciones de países suelen tener sobre el intercambio de sus productos, la caída del PIB del nuevo Estado sería del 3,92%. A dicha directa repercusión, deberían añadirse otras de carácter indirecto, tales como la pérdida de puestos de trabajo, la reducción del gasto de las familias o la disminución de la inversión. La suma de todas ellas incrementaría significativamente el volumen de renta nacional perdida por el nuevo país.

No obstante, no solo quedaría afectado el comercio de bienes, sino también el de servicios. En especial, las estancias por motivo ocio o negocios de la población española. Así, aunque el turista mayoritario en Cataluña es extranjero, los residentes en el resto de España supusieron en 2016 el 28,6% de las pernoctaciones realizadas y el 37% de los viajeros.

El segundo motivo sería el desplazamiento de empresas, principalmente desde Cataluña al resto del Estado, por dos principales razones: evitar los aranceles y otras restricciones al comercio fijadas por España y el resto de naciones de la UE, así como la incertidumbre económica derivada de la constitución del nuevo país. Este último aspecto generaría un tercer perjuicio: la aparición de una restricción crediticia.

Las entidades financieras restringirían en una sustancial medida los préstamos otorgados a familias y empresas debido al riesgo de sufrir un importante incremento de la morosidad. Una coyuntura que tendría importantes repercusiones negativas sobre el PIB catalán, pues el crédito tiene una relación con el crecimiento económico similar a la de la gasolina con el coche. Si los nuevos préstamos escasearan, la economía catalana sería casi imposible que fuera bien.

Las entidades financieras restringirían en una sustancial medida los préstamos otorgados a familias y empresas debido al riesgo de sufrir un importante incremento de la morosidad

El mercado inmobiliario también se resentiría. Los principales motivos serían tres: el abandono de Cataluña por parte de ciudadanos que únicamente se sienten españoles, la desaparición de numerosos inversores internacionales y la escasez de préstamos hipotecarios. Una situación que reduciría notablemente el número de viviendas iniciadas y que afectaría también de forma negativa al mercado de oficinas, naves industriales y locales comerciales.

De forma adicional, dadas las grandes esperanzas generadas por los políticos independentistas respecto al nivel de vida en la nueva Cataluña, sería muy probable que los gastos realizados por la Administración superasen con claridad a los ingresos obtenidos. Dicha situación comportaría la generación de un gran déficit público y una muy elevada dificultad de financiación del mismo.

Dicha dificultad vendría dada por la calificación otorgada por las agencias de rating a la deuda catalana. En la actualidad, a pesar de tener el respaldo del Estado español, las tres principales le otorgan la calificación de bono basura. En concreto, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch le conceden una nota que se sitúa cuatro, tres y dos escalones, respectivamente, por debajo del grado de inversión, el deseado por cualquier país. Una calificación que muy probablemente empeoraría con la independencia.

Por tanto, la solución para satisfacer las elevadas demandas sociales, mejorar la competitividad perdida de las empresas catalanas y financiar el déficit incurrido consistiría en la creación de una moneda catalana. Su valoración con respecto al euro no sería la paridad, sino que cotizaría con un elevado descuento. Aunque éste es muy difícil de precisar, no me extrañaría nada que pudiera situarse en torno al 30%. Dicha depreciación llevaría a los ciudadanos de la nueva Cataluña, como consecuencia de la independencia, a una reducción de la riqueza del 30% en relación a los de España y del resto de la zona euro.

Evidentemente, ninguno de dichos efectos perjudiciales es reconocido por los políticos independentistas. Para ellos, la independencia sería muy beneficiosa para Cataluña porque reportaría 16.409 millones euros extras, exactamente el superávit de la balanza fiscal de 2009 entre España y ella. Un resultado que aparece como consecuencia de una interpretación sesgada de dicha balanza y unos millones que, a diferencia de lo que una gran parte de la población cree, simplemente no existen.

La independencia perjudicaría económicamente a los catalanes

No es la cuantía que parece, porque la anterior cifra se obtiene después de suponer que la Administración del Estado y de la Seguridad Social obtuvo un déficit nulo en 2009, cuando realmente ascendió a 81.113 millones euros. Es lo que técnicamente se conoce como neutralización del déficit presupuestario y en términos coloquiales como operación cosmética. Este último calificativo se debe a que procede a contabilizar como aportado por Cataluña a las arcas del Estaco un capital con el que verdaderamente no contribuyó.

En concreto, supone que el 19,25% del verdadero déficit, exactamente el porcentaje de la totalidad de ingresos de la Administración del Estado y de la Seguridad Social que procede de Cataluña, salió de los bolsillos de los contribuyentes catalanes. Por tanto, el importe de dicha falsa aportación suma 15.618 millones euros. Si dicha cuantía se procede a restar de los 16.409 millones € iniciales, el resultado obtenido indica que en el mejor de los casos, si Cataluña hubiera sido independiente en 2009, hubiera dispuesto de 792 millones euros adicionales para gastar.

En definitiva, la independencia perjudicaría económicamente a los catalanes. Puede ser durante unos pocos años o un período mayor. Una gran parte de la población no es consciente de ello, se guía por los sentimientos, una sensación de agravio generada artificialmente y una publicidad simplista, pero muy efectiva. Afortunadamente, para los que están en contra de ella y los que la desean, las posibilidades de alcanzarla son mínimas. Una situación que les evitará tener que arrepentirse.