Creo que todos los españoles que ya tenemos unos años recordamos con una sonrisa el monólogo de Miguel Gila ¿Es el enemigo?, que era una alegoría de la España de Berlanga. Pues esa España es la que me vino a la mente cuando leí que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la amnistía fiscal, eso sí, sin efectos para quienes se acogieron a la misma.
Es de todo jurista sabido que existen dos tipos de nulidad. La nulidad ex tunc (desde siempre) que es la que tiene efectos retroactivos, y la nulidad ex nunc (desde ahora) que es la que sólo produce efectos en adelante. Hecha dicha distinción, no es óbice que el Constitucional decida la nulidad de la amnistía fiscal con efectos ex tunc, pero es cuando menos esperpéntico porque se trasladan múltiples y erráticos mensajes a los españoles.
Por un lado, decirnos que los españoles que jugaron a ocultar rentas y patrimonio que se les permitió regularizar con el coste del 10%, además de pagar poco y tarde, lo hicieron en un contexto ilegal, lo cual con la presión fiscal existente y en plena campaña de la renta digamos que no es precisamente estimulante.
Por otro lado, si la documentación facilitada para acogerse a la amnistía no podía utilizarse por la Inspección de los Tributos pero el régimen de regularización acogido a la amnistía es declarado nulo, cabe temer que con la voracidad recaudadora que caracteriza a la Agencia Tributaria en la actualidad --no hay que imaginarse cómo sería de gobernar Podemos pues el por pocos conocido origen comunista de Montoro ya nos da una clara muestra de ello-- se planteen utilizar dicha documentación para intentar colmar su insaciable ansia de recaudar.
El pueblo español merece una seguridad jurídica que brilla por su ausencia, unas leyes acordes a nuestro Derecho Comunitario, a nuestra Carta Magna y al resto de disposiciones legales. Y merece unos políticos consecuentes con sus patinazos y su mal hacer
Por último, la decisión del Constitucional demuestra tristemente una vez más que nuestro legislador en el ámbito tributario suele operar, no de espaldas a, sino frontalmente opuesto a nuestra Carta Magna pues los principios de igualdad, capacidad económica y no confiscatoriedad son omitidos en reiteradas ocasiones por múltiples disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico tributario.
Pero está claro que en este país sólo dimite un responsable político cuando se le ha pillado con las manos en la masa y si le van a detener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a su casa. Todavía es tiempo de ver a un político entregarse voluntariamente, por lo que cabe esperar que nadie responda en el Ministerio de Hacienda y Función Pública y mientras tanto el sufrido pueblo español seguimos contemplando estupefactos los esperpentos nacionales que se producen sin cesar.
Este pueblo merece una seguridad jurídica que brilla por su ausencia, unas leyes acordes a nuestro Derecho Comunitario, a nuestra Carta Magna y al resto de disposiciones legales. Y merece unos políticos consecuentes con sus patinazos y su mal hacer. Esto sería lo deseable, ¡un sueño!, pero lo que acabará dándose lamentablemente distará mucho de lo deseable y, por lo tanto, el pueblo español sufre y sufrirá las consecuencias de la negligencia y la falta de rigor y sentido de responsabilidad de nuestros políticos.
Como concluía el genial Gila en el apuntado monólogo, y en referencia al apuntado sueño, "que usted lo mate bien".