En la política, como en la vida, muchas veces y mucha gente utiliza supuestamente para reforzar sus posiciones un argumento que en teoría va en contra de ellas. O, al contrario, se queja o protesta por acciones que según la convención establecida favorecen sus posturas.
Esta incoherencia se produce en variados aspectos de la vida o de la política, pero tiene singular aplicación en el proceso soberanista que vive Cataluña. Hace unos días, con motivo de la sentencia que inhabilita a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau un programa de televisión planteó a la audiencia la pregunta de si las condenas favorecían o perjudicaban al procés. Un 80% de los que opinaron estimaron que la sentencia favorecía a los independentistas. Entonces, en pura lógica, las preguntas surgen inmediatas: ¿de qué se quejan?, ¿a qué vienen tantas críticas a la judicialización de la política o a la malévola actuación “del Estado” si en el fondo todo esto les hace un favor?
Ocurre lo mismo con el conocido argumento de que Mariano Rajoy y el PP son una “fábrica de independentistas”. Si el inmovilismo o el recurso a los tribunales de Rajoy contribuyen realmente a incrementar las filas del independentismo, los partidarios de la separación de Cataluña de España deberían estar agradecidos porque el presidente del Gobierno central no viera la luz que ilumina el procés y siguiera inamovible en su contumacia.
No todo es, sin embargo, tan sencillo. Lo que podríamos denominar el argumento hipócrita es en muchas ocasiones eso, una forma de practicar la hipocresía para intentar ganar terreno en el debate. No está tan claro que Rajoy sea una fábrica de independentistas ni que la mejor manera de apaciguar el furor independentista sea hacer concesiones ante lo que demandan.
Todos los partidarios de las concesiones opinaban que la ilegalización de Batasuna o la ley de partidos eran un obstáculo para el cese del terrorismo de ETA y después se demostró lo contrario
Salvando todas las distancias entre los dos procesos, que son muchas, un ejemplo de que el apaciguamiento no siempre tiene razón lo tenemos en el final de la violencia en el País Vasco. Todos los partidarios de las concesiones opinaban que la ilegalización de Batasuna o la ley de partidos eran un obstáculo para el cese del terrorismo de ETA y después se demostró lo contrario. La ilegalización de Batasuna contribuyó decisiva y positivamente al final del terrorismo.
El federalista canadiense Stéphane Dion ha teorizado abundantemente sobre la estrategia de apaciguamiento o de contentamiento en un proceso de secesión. El inspirador de la ley de la Claridad defiende que el contentamiento con concesiones a los independentistas es un error porque quienes han decidido separarse no van a contentarse con una concesión de más o de menos. Los partidarios de un Estado no quieren más o menos competencias, quieren un Estado nuevo completo.
Eso no quiere decir, en absoluto, que el inmovilismo y el único recurso a los tribunales de Rajoy sean acertados. Lo acaba de criticar incluso el presidente saliente del Tribunal Constitucional y exmilitante del PP, Francisco Pérez de los Cobos, quien ha afirmado que solo el diálogo político será capaz de hallar una salida al conflicto. La oferta política que se espera de Rajoy y que nunca llega es necesaria precisamente no para hacer cambiar de posición a los independentistas convencidos, sino para quienes dudan, para los que volverían a asumir un proyecto compartido con toda España con el reconocimiento de algunas demandas o para los huérfanos que vagan en un amplio terreno de nadie pero a quienes la separación de Cataluña de España les parece una catástrofe para ambas partes.