Banca pública: una obsesión que ya tuvo el franquismo

La grave crisis financiera, nacida en 2008 y cuyas consecuencias seguimos sufriendo, está acrecentando de forma un tanto desmedida un cierto sentimiento favorable hacia la banca pública como si en su potenciación estuviera la solución de todos los males, como si no existiera en la Eurozona el BCE con Draghi a la cabeza. Así lo han entendido partidos como Podemos, IU, PSOE o Ciudadanos, en cuyos pactos no se han olvidado de reclamar, bien la creación de una banca pública, a partir de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), entidades ya nacionalizadas, bien de plantear la transformación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un "verdadero" banco público de inversiones. UGT y CCOO no han querido quedar fuera de la ola y hace tiempo que vienen reclamando similar medida con el supuesto objetivo de evitar oligopolios bancarios y la "exclusión" financiera.

La polémica sobre la posibilidad de crear una banca pública ha generado sarpullidos en distintas esferas del Banco de España o de la patronal bancaria, que mantienen que lo público en la banca no funciona bien

Desde una óptica de izquierdas, la crisis financiera ha puesto de manifiesto la trascendencia del crédito en el proceso de acumulación capitalista y el monopolio del que goza, para su creación y gestión, la banca privada. Esta ha sido, tradicionalmente, la encargada de canalizar, bajo la forma de créditos, los ahorros generados por aquellos agentes económicos que tenían capacidad de ahorro hacia aquéllos que tenían necesidad de financiación, ya fuera para inversión en procesos productivos o para el consumo, partiendo del supuesto de que mientras las acciones de la banca pública están motivadas por el interés público, los privados buscan en general beneficios a corto plazo para los accionistas; en definitiva, rentabilidad.

La polémica sobre la posibilidad de crear una banca pública, tomando como embrión a Bankia y a BMN, ha generado sarpullidos en distintas esferas del Banco de España o de la patronal bancaria, que mantienen que lo público en la banca no funciona bien, mientras el Gobierno mantiene un revelador silencio que muchos pueden interpretar como de complacencia para quitarse a futuro "un muerto" de encima.

El debate, la obsesión de la izquierda sobre el asunto, resulta para muchos representantes del sector una cuestión con una carga de artificialidad reseñable que olvida un sinfín de cuestiones, presentes y pasadas, que merece tener en consideración. Entre ellas, merece la pena tener en cuenta el papel que juegan los bancos centrales y el BCE en el caso de España; los controles, las provisiones y las exigencias de los supervisores; la oferta y demanda de crédito, o el intervencionismo estatal en el sector financiero en la época de Franco que se tradujo en los coeficientes bancarios propios de una economía dirigida, cuando no en la propia existencia de las cajas de ahorro, cuyo final ha resultado traumático y decepcionante, aunque esclarecedor.

Para muchos, para bien o para mal, la intervención de los Estados en el sector financiero ha existido y existirá siempre y la existencia de una potente banca pública no es representativa de casi nada. Ahí están los casos de las cajas de ahorro de países como Alemania y otras experiencias similares a nivel internacional que no pueden calificarse como ejemplares y que no soportarían un laxo ejercicio de auditoría, por mucho que sus animadores se esfuercen en resaltar las excelencias de los casos norteamericano, italiano, francés o nórdicos.

En el caso de España, las cajas de ahorro han demostrado, en la mayoría de los casos, el grado de ineficacia e ingobernabilidad, como consecuencia de un sistema hibrido en donde se mezclaban y mezclan lo público con lo privado

En el caso de España, las cajas de ahorro han demostrado, en la mayoría de los casos, el grado de ineficacia e ingobernabilidad, como consecuencia de un sistema hibrido en donde se mezclaban y mezclan lo público con lo privado, en donde se llegaron a desarrollar leyes sobre las cajas de ámbito autonómico con objetivos "inconfesables" y a un grado de connivencia entre la "propiedad" y la gestión impropias de un establecimiento financiero, que terminaron invirtiendo el dinero de los depositantes en promociones inmobiliarias y paquetes de acciones bursátiles, cuando se suponía que su objetivo era la promoción de las inversiones productivas y la generación de empleo en sus zonas de influencia.

El resultado final de todo ello es el colosal coste dinerario de la crisis del sector financiero (cajas) cuya devolución permitirá elevar a saldo definitivo las ayudas aportadas.

Sin embargo, para los "bienpensantes" e "irredentos defensores" de la banca pública, resulta una felonía resaltar el carácter público de las cajas, ya que, como se puede leer en algún documento de estos grupos, las cajas no "eran propiedad de ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades por una deficiente gestión [...] y que la liberalización financiera iniciada en 1977 supuso situar a las cajas de ahorro en un limbo en cuanto a los derechos de propiedad, definidas como instituciones privadas de carácter fundacional pero sin el régimen jurídico propio de las fundaciones".

Leer a Vicenç Navarro, miembro del Consejo Científico de ATTAC y asesor de Podemos, resulta esclarecedor en esta materia.
El ICO tampoco se salva de las críticas, al ser una institución que anuncia ingentes cantidades de créditos para las pequeñas y medianas empresas, cuyos responsables últimos de su concesión son los bancos.

Aunque pueda parece una provocación, resultan significativas las equivalencias entre las propuestas actuales de potenciar una banca pública en España y la creación en 1939 del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional (ICRN) y la consiguiente Ley de Ordenación Bancaria de 1946. Esta trajo consigo el papel a desempeñar por la denominada "banca oficial" compuesta por el Banco Exterior de España, la Caja Postal, la Caja Central de Crédito Mar y Pesquero, el Banco Hipotecario de España, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola o el Banco de Crédito a la Construcción.

En cualquier caso no conviene olvidar, como recuerda José Luis García Ruiz en sus estudios sobre la banca oficial, que la crisis de la banca pública española se inició en el tardofranquismo, cuando se abandonó la vía nacionalista. En la etapa democrática, conservadores y socialistas estuvieron de acuerdo en su privatización, al entender que el sistema financiero privado era capaz de atender toda la demanda de crédito de la sociedad española. Aunque se mantuvo un ICO residual para intervenir en casos excepcionales.