El peligro de la equidistancia
Tras las elecciones catalanas del 27-S cobra fuerza la tesis de la equidistancia a la hora de repartir responsabilidades en el embrollo catalán. Tan culpables del desaguisado de una sociedad partida por la mitad serían los nacionalistas –por fin abiertamente independentistas– como el PP y el Gobierno de Rajoy.
Por muy confortable y socorrida que sea, la equidistancia implica por lo general un error de diagnóstico que conduce irremisiblemente a soluciones injustas y a menudo aciagas
Algunos se apuntan de buena fe, otros se suben al carro por oportunismo político. Pero cuidado que, por muy confortable y socorrida que sea, la equidistancia implica por lo general un error de diagnóstico que conduce irremisiblemente a soluciones injustas y a menudo aciagas. Se trata de una posición acomodaticia que permite a quien la abraza eludir el compromiso y postergar el análisis en profundidad del problema, favoreciendo así su perpetuación.
Si el problema de Cataluña se resolviera defenestrando a Rajoy y al PP, no me cabe duda de de que la inmensa mayoría de sus potenciales votantes antepondrían su compromiso con la unidad constitucional de España a las siglas del partido y darían su visto bueno a la defenestración. Pero que nadie se engañe: el problema de Cataluña no se arregla enterrando al PP sino revirtiendo la demonización de España que los nacionalistas catalanes llevan 35 años practicando impunemente desde las instituciones de autogobierno y desde los medios de comunicación públicos y subvencionados por la Generalitat.
Los nacionalistas identifican al PP con España. De ahí que hayan tratado sistemáticamente de barrerlo de las instituciones catalanas, mediante iniciativas tan poco democráticas como el Pacto del Tinell (2003), que dio lugar al primer tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) y a la reforma del Estatut, o la subsiguiente reacción de Artur Mas, que, no queriendo ser menos, se comprometió ante notario a no pactar con el PP (2006). Su proceso de construcción nacional implica necesariamente la desaparición de la nación española en Cataluña, y para ello es preciso que desaparezcan los partidos que la representan, fundamentalmente el PP y Ciutadans.
El proceso de construcción nacional implica necesariamente la desaparición de la nación española en Cataluña, y para ello es preciso que desaparezcan los partidos que la representan, fundamentalmente el PP y Ciutadans
Hasta su destape separatista los nacionalistas reclamaban constantemente mayor reconocimiento de la pluralidad constitutiva de España. Siempre como si la situación fuera la misma que en el franquismo. Como si la lengua catalana siguiera proscrita tras la muerte del dictador; como si la recuperación del derecho civil catalán no se hubiera consolidado al amparo de la Constitución y el Estatut; como si los Mossos d’Esquadra no existieran y los grises siguieran patrullando las calles de Cataluña. En definitiva, como si nada hubiera cambiado con el advenimiento de la democracia.
En paralelo a esa insaciable exigencia de profundizar en el reconocimiento de la pluralidad del todo -el conjunto de España- los nacionalistas iban avanzando a todo trapo en la negación de la pluralidad de la parte, de la diversidad de la propia Cataluña. Iban construyendo su nación homogénea a la espera del momento propicio para desencadenar la ruptura.
Desde luego el PP ha cometido errores, también en su estrategia con relación a Cataluña. Como el propio Xavier García Albiol reconocía recientemente, recoger firmas en el resto de España contra el Estatut fue uno de ellos. El PP se equivocó apelando al pueblo cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pues para presentar recurso de inconstitucionalidad solo necesitaba la firma de 50 diputados o senadores, y eso lo tenía más que asegurado con su representación en las Cortes.
Ahora bien, el error de la recogida de firmas no quita para que muchos consideremos que el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) era de todo punto imprescindible para evitar que los nacionalistas siguiesen adelante con su proyecto de construcción nacional, cuya estación final solo podía ser la creación de un Estado catalán independiente.
El TC evitó la declaración de inconstitucionalidad del preámbulo, pero dejó claro que “carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias a “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”
Uno de los aspectos más polémicos del recurso fue la impugnación de la declaración de Cataluña como nación que figura en el preámbulo del Estatut. En su sentencia, el TC evitó la declaración de inconstitucionalidad del preámbulo, pero dejó claro que “carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias a “Cataluña como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”.
Sobre el término nación, el TC dijo: “De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española”. Así pues, el término “nación” aplicado a Cataluña sigue apareciendo en el preámbulo del Estatut aun después de la sentencia del TC.
Pero no es de extrañar que los nacionalistas sigan insistiendo en que el TC “tumbó” el reconocimiento de Cataluña como nación, porque lo que ellos pretendían al introducir el término en el Estatut no era un reconocimiento simbólico de la realidad nacional catalana, sino derivar de ello el reconocimiento de Cataluña como sujeto político y jurídico soberano y, en última instancia, el derecho a la autodeterminación. Som una nació. Nosaltres decidim, rezaba el lema de la manifestación contra la sentencia del TC, convocada por Òmnium Cultural y apoyada por todos los partidos catalanes excepto el PPC y Ciutadans.
Ese recurso contra el Estatut, junto con el que presentaron en el 2009 contra la Ley de Educación de Cataluña que pretendía blindar el monolingüismo en catalán y la exclusión del castellano como lengua vehicular de la enseñanza, les ha costado a los populares tener que cargar con el sambenito de enemigos de Cataluña, cuando de lo que en todo caso son legítimos enemigos es de la concepción nacionalista de Cataluña.
Los independentistas no quieren dialogar sino evadirse de España a toda costa, lo cual complica sobremanera el diálogo. Eso no quiere decir que no valga la pena intentarlo, pero no para tratar de contentar a quienes quieren romper la baraja
Ese recurso presentado por el PP evitó el intento de reformar de rondón la Constitución y frustró el ensueño confederal de un Estatut basado en la bilateralidad, esto es, en la imposible relación de tú a tú entre la parte y el todo, entre Cataluña y España. Hoy en día no existe ningún Estado confederal. La confederación es siempre un estadio transitorio hacia una unidad más perfecta o hacia la disgregación, pero nunca la estación final. Está claro que, para los nacionalistas de todos los partidos que apoyaron la reforma estatutaria, aquello no era más que una meta volante hacia la meta final.
Ahora el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se apunta a la equidistancia cuando entona el mantra de que “Rajoy es una máquina de hacer independentistas” y rechaza por igual “el no de Mariano Rajoy y de Artur Mas” al diálogo para solucionar el problema catalán. El recurso al diálogo es también muy socorrido, pero para dialogar debe existir una gramática común, un respeto a las reglas del juego democrático: la Constitución y las leyes.
Los independentistas no quieren dialogar sino evadirse de España a toda costa, lo cual complica sobremanera el diálogo. Eso no quiere decir que no valga la pena intentarlo, pero no para tratar de contentar a quienes quieren romper la baraja y cancelar unilateralmente el pacto constitucional, sino para tratar de revigorizar entre todos ese pacto. Rajoy dice que está dispuesto a dialogar “siempre en el marco de la Constitución” y Mas replica que el referéndum secesionista “es innegociable”.
No cabe la equidistancia entre quienes se muestran intransigentes en la exigencia del cumplimiento de la ley y quienes se muestran intransigentes en la reivindicación de su incumplimiento. Dicho lo cual, el objetivo de los partidos constitucionalistas debería ser promover en la próxima legislatura una gran conversación nacional. Partiendo del respeto a la Constitución y de la necesidad de consenso, hay mucho de qué hablar entre todos.
El hecho de que tantos catalanes hayan abrazado la causa independentista constituye un problema insoslayable para la estabilidad y el futuro de España, problema que hay que tratar de superar por elevación. No se trata de un proceso unidireccional ni mucho menos de practicar la política de contentamiento con quienes pretenden romper la unidad de España, sino de construir en sede multilateral espacios políticos de encuentro entre quienes aspiran a seguir viviendo juntos. La concordia aún es posible. Vale la pena intentarlo.
