La oportunidad del 27S

"Unas elecciones autonómicas, por mucho aire plebiscitario que les diéramos, continuarían siendo autonómicas, el sistema proporcional las desvirtuaría como referendo y mucha gente acudiría a votar movida por los más diversos asuntos, como así tiene que ser" (sic). No son palabras ni de Alicia Sánchez-Camacho ni de Albert Rivera, ni siquiera de Mariano Rajoy. Quien expresa tan equilibrada opinión no es otro que Oriol Junqueras en una entrevista con Salvador Sostres publicada en El Mundo el 14 de septiembre del 2014.

Conforme avanzaba el proceso, quedaba cada vez más claro que lo del derecho a decidir no era más que un eufemismo, un señuelo para ensanchar las bases del independentismo

Apenas un año después Junqueras aparece como número cinco de la presunta lista unitaria que concurrirá el próximo 27 de septiembre a unas elecciones autonómicas pretendidamente plebiscitarias con el objetivo de obtener una mayoría absoluta en el Parlament para proclamar la independencia de forma unilateral. Es verdad que Junqueras también rechazaba no hace mucho la idea de la lista unitaria porque no le parecía conveniente “una lista con personas o representantes o líderes de unos partidos que están contaminados con muchos casos de corrupción”. Pero esa es una contradicción circunstancial, como las que cometen otros muchos políticos. Sin embargo, lo que no es admisible es que Junqueras sepa positivamente que unas elecciones autonómicas, por mucho aire plebiscitario que se les quiera dar, no dejarán de ser eso, unas elecciones autonómicas; que el sistema proporcional impide leer en clave plebiscitaria el resultado de unas elecciones, porque no todos los votos valen lo mismo; y que en unas elecciones la gente debe votar movida por los más diversos asuntos, y aun sabiendo todo eso pretenda convertir en un plebiscito los próximos comicios autonómicos.

La lista de la “causa de la democracia”, que es como a Junqueras le gusta definir su causa y denigrar de paso todas las demás, ha ido perdiendo apoyos conforme avanzaba el proceso y quedaba cada vez más claro que lo del derecho a decidir no era más que un eufemismo, un señuelo para ensanchar las bases del independentismo. Una vez deshecho el entuerto la lista unitaria, que en los momentos de mayor confusión conceptual pudo incluir a Unió, ICV-EUiA, la CUP e incluso al PSC, se ha quedado en una demediada lista de partidos y asociaciones abiertamente independentistas.

De ahí que, después de tres años apelando insistentemente a la unidad del eufemístico soberanismo que representaba al 80% del Parlament, catalogar de unitaria esa lista resulta cuando menos confuso. Con todo, están en su derecho de llamarla así. Además, hay que reconocer que la lista Junts pel sí tiene la virtud de que por fin Convergència (CDC) dejará atrás los subterfugios y, aunque diluyendo sus siglas para disimular el desplome, se presentará a unas elecciones con un programa nítidamente independentista, lo cual ayudará a clarificar el mapa político catalán. Ahora ya no importa cuál es el original y cuál la copia: CDC y ERC concurrirán a las elecciones junto con las asociaciones ANC, Òmnium Cultural y la AMI.

Por fin conoceremos a ciencia cierta la fuerza electoral del independentismo, y es ahí donde se encuentra el único elemento plebiscitario que dentro de la legalidad cabe atribuir a las próximas elecciones autonómicas. Es decir, en todo caso estamos ante un plebiscito de parte: son los propios independentistas los que se someten voluntariamente al rigor plebiscitario, es decir, se autoplebiscitan. Si la lista independentista obtiene una mayoría absoluta en escaños, sobre todo si esta se corresponde con una mayoría absoluta en votos, nadie podrá discutir que su proyecto político habrá ganado legitimidad. No para declarar unilateralmente la independencia, claro está, pero sí para promover los mecanismos legales conducentes a la realización de su proyecto político, que en todo caso implicaría necesariamente una reforma constitucional. Fuera de la legalidad todo es posible, aunque hace mucho frío. Dentro de la legalidad, eso es todo lo que pueden obtener los partidarios de la secesión. Claro que eso de promover mecanismos legales o reformas constitucionales les debe de parecer poco después de tres años prometiendo alegremente un bucólico país nuevo.

Por fin conoceremos a ciencia cierta la fuerza electoral del independentismo, y es ahí donde se encuentra el único elemento plebiscitario que dentro de la legalidad cabe atribuir a las próximas elecciones autonómicas

Es verdad que a partir de entonces, una vez constatada la existencia de una mayoría absoluta a favor de la secesión, el proceso subsiguiente debería ser largo, complejo y repetitivo. Pero ¿acaso alguien en su sano juicio creía que una decisión de semejante calado podía tomarse sin cálculo ni reflexión alguna, así a toda prisa? ¿O sin el más mínimo respeto a la Constitución y las leyes? ¿O sin ni siquiera contar con una opinión pública mínimamente informada, por no decir deliberadamente desinformada, sobre las consecuencias de la secesión? A tal respecto tampoco es necesario citar a Rajoy o al expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso, que en su día declaró reiteradamente que “un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los Tratados dejarían de ser aplicables en su territorio”. Pero, insisto, no hace falta escuchar a nadie ajeno a la causa independentista para saber que en caso de secesión Cataluña quedaría fuera de la UE. Cuando todavía ostentaba la distinción de Molt Honorable, Jordi Pujol lo reconocía sin ambages en otro de sus postreros accesos de sinceridad: “Por el hecho de ser independiente, aunque vengas de un Estado que es miembro de la UE, la secesión esta no te sitúa dentro de la UE. Te quedas fuera, eso está claro. Esto, que es así y que a veces, tal vez, algunos que dicen eso de un nuevo Estado libre de Europa, no lo tienen en cuenta, de todas formas tampoco es tan grave”.

“¡Esa pantalla ya la hemos pasado!”, repiten como si de un videojuego se tratara los guardianes del proceso cada vez que alguien les recuerda la evidencia de que la culminación de su proyecto rupturista nos sitúa irremisiblemente fuera de la UE. Pero para algunos de nosotros esto no es un videojuego, sino el futuro de al menos una generación de catalanes. Y no se trata del discurso del miedo, sino de no perder del todo de vista el principio de realidad.

Así pues, queda claro que para oponerse al planteamiento de Junqueras y compañía no hace falta citar a Rajoy, sino que a veces basta con citar a los propios interesados. No en vano el proceso se inventa y se reinventa de continuo para poder seguir presentándolo invariablemente como la quintaesencia de la democracia cualesquiera que sean las circunstancias, aun cuando sus promotores hablen abiertamente de declarar la independencia incluso sin contar con una mayoría de votos a favor. Por no hablar de lo que dicen las encuestas, sobre todo las del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que apuntan que más de la mitad de los catalanes rechazan la secesión y que la brecha entre los partidarios de seguir formando parte de España y los contrarios va in crescendo. Por supuesto si la presunta lista unitaria obtiene la mayoría absoluta la ruptura se declarará -otra cosa es que tenga algún efecto práctico- diga lo que diga la Constitución. Claro que esa pantalla, la de la Constitución, también la hemos pasado ya. Lo dicho, la quintaesencia de la democracia.

Así pues, los autoproclamados defensores de la causa de la democracia han decidido que para separarse del resto de España solo necesitan obtener en las próximas elecciones 68 de los 135 escaños de la Cámara, muy lejos de la mayoría reforzada de 90 escaños que se necesita para reformar el Estatut o para aprobar la nonata ley electoral catalana. La secesión parece ser una cuestión menor, cuando no un videojuego, para sus promotores. De lo contrario, no se explica que se planteen declarar unilateralmente la independencia de resultas de unas elecciones autonómicas. Con todo, lo más probable es que el próximo 27 de septiembre, de aquí a dos meses, los independentistas obtengan un número de votos similar al que obtuvieron el 9N, o incluso inferior puesto que en aquella ocasión el cuerpo electoral se amplió a los mayores de 16 años y a los extranjeros residentes.

Entonces ni siquiera amagaron con proclamar la secesión, a pesar de que el porcentaje de votos a favor del Estado catalán independiente superó el 80% entre los participantes. Puestos a saltarse la ley, tenían tanta legitimidad para proclamar la independencia tras el 9N como tras un hipotético triunfo de Junts pel sí el 27S. Y la respuesta de la comunidad internacional hubiera sido la misma: ningún Estado mínimamente serio reconocerá nunca la estatalidad de una región escindida unilateralmente de un Estado democrático de Derecho y miembro de la UE como España.

El independentismo tiene, a mi modo de ver, una fuerza considerable pero no suficiente para culminar su proyecto político

¿Por qué Mas no proclamó la independencia tras el 9N? Pues sencillamente porque ese 80% de votos a favor de la ruptura con el resto de España apenas representa a un tercio de los catalanes, y no parece demasiado democrático proclamar la independencia sin contar con los otros dos tercios. El independentismo tiene, a mi modo de ver, una fuerza considerable pero no suficiente para culminar su proyecto político. Los catalanes nos seguimos sintiendo mayoritariamente tanto catalanes como españoles. Ese, y no otro, es el principal escollo para que los independentistas alcancen su objetivo. Hasta ahora los independentistas han demostrado estar más movilizados que los que no lo somos. Escuchando a Junqueras, Mas, Romeva y Pujol, entre otros, a veces uno tiene la sensación de que en el fondo son conscientes de que el proceso no va a ningún lado, pero que, contando con la desmovilización de los no independentistas, han decidido llevarlo hasta sus últimas consecuencias para situar las relaciones entre Cataluña y el resto de España en un punto de no retorno.

Insisto, son los propios independentistas los que han decidido autoplebiscitarse. No tenían por qué. Pero ya que lo hacen, que lo hagan de verdad. No hay duda de que, si obtienen una mayoría absoluta, seguirán adelante diga lo que diga el Estatut, la Constitución, los Tratados de la UE o el sursuncorda. De modo que ellos proclaman la independencia, y salga el sol por Antequera. Pero si no obtienen la mayoría absoluta, lo lógico sería que reconocieran su fracaso, se fueran a casa y dejaran de someter a la sociedad catalana a una tensión que no ha hecho más que perjudicar los intereses de Cataluña y del conjunto de España. Así son los plebiscitos. Más allá de que se trate de una contradicción en los términos y de que legalmente no existan las elecciones plebiscitarias, los demás no tenemos por qué aceptar la lógica plebiscitaria que plantean los independentistas. Eso sí, ello no debe hacernos subestimar su ofuscamiento ni la gravedad de la situación, por lo que más nos vale ir a votar el 27S aunque sea al que menos rabia nos dé. La cosa va muy en serio, aunque a veces no lo parezca.