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Objetivo: matar la historia de España

En diciembre de 2000, dos años antes de morir, el nonagenario historiador Antonio Domínguez Ortiz publicó España, tres milenios de historia con “cierto aire de testamento literario”. La primera reacción la protagonizó parte de la historiografía, para ser más preciso, cierto contemporaneísmo de izquierdas fascinado con los nacionalismos periféricos. Según estas opiniones, el libro reproducía de forma arquetípica la producción nacionalista del liberalismo romántico español, en concreto de Modesto Lafuente, y se consideraba un grave error este comentario de don Antonio: “Desde [la edad d]el Hierro hay ya en la Península ciertos factores de unidad e interrelación entre sus pueblos. Por eso no me parece exagerado hablar de un Trimilenario”.

Se le atribuía al prestigioso historiador y catedrático de instituto que, en este libro sobre la construcción histórica de España, había olvidado desarrollos culturales como el vasco, el gallego o el catalán. Una valoración totalmente equivocada sobre la percepción que Domínguez Ortiz tenía de la historia de nuestro país, incluso para el siglo XVIII, centuria que aún se considera, equivocadamente, como modelo de centralización, y que precisamente él denominó, avant la lettre y con su habitual lucidez, “el mosaico español”.

Lo cierto fue que, ese recurrente debate sobre la diversidad de la realidad histórica española, empañó la verdadera crítica que don Antonio hacía en su breve e incisivo prólogo. En sus primeras páginas denunciaba que no existía “una auténtica enseñanza histórica en los actuales planes de enseñanza obligatoria, en cuya parte general (no quiero referirme aquí al problema de las historias regionales) aparece una Historia Contemporánea que se supone es lo único que debe aprender nuestra juventud y que no siempre está concebida como auténtica historia, sino como un conjunto de datos y antecedentes para entender un informe de tipo sociológico sobre la situación actual de España”.

¿Cuáles eran las causas de aquel dislate, cuyos efectos seguimos pagando a un precio cada vez más alto? Domínguez Ortiz consideraba que era consecuencia de la “herencia de una escuela pedagógica” que había “causado grandes estragos en el sistema educativo de la Europa occidental”, “dejando como secuela unas generaciones escolares ayunas de formación histórica”. Proponía recuperar algo tan básico como “el sentido histórico de los hechos, para lo que es esencial la temporalidad, la causalidad, el antes y el después”.

Estas reflexiones tan sensatas no despertaron el debate necesario; al contrario, fueron sepultadas por la narcotizante polémica del identitarismo historicista. Han pasado dos décadas y todo ha ido a peor. El conocimiento de la historia de España que hoy día tienen nuestros jóvenes es muy bajo y, en el mejor de los casos, se circunscribe a la época más contemporánea, a aquella donde se puede rastrear rasgos de la denominada unívocamente Memoria Histórica Democrática. Antes de 1931 todo apunta a tiempos prehistóricos. E incluso, en aquellas comunidades autónomas donde el temario oficial del ministerio está absoluta e ilegalmente laminado, muchos jóvenes creen que España es sinónimo de Estado centralizador y totalitario, y que es un producto creado por el mismísimo Franco.

Pero todo puede ir a peor. Cuando creíamos que más no se podía hacer desde el Ministerio de Educación contra la enseñanza de la Historia, se publica un borrador de proyecto de reforma del bachillerato en el que la historia de España es barrida literalmente. Se trata de que el alumno adquiera ocho competencias específicas a partir de la selección de algunos aspectos y períodos de la historia contemporánea, especialmente del siglo XX.

En la práctica ya venía sucediendo así desde la reforma Wert, puesto que el currículo de 2º de bachillerato estaba determinado no por los contenidos de la normativa, sino por la selección temática para la selectividad ad hoc. Lo más escandaloso es que se fijaron unos estándares de aprendizaje mínimos sobre etapas históricas anteriores que se han incumplido sistemáticamente en la mayoría de las autonomías. En ese sentido, la nueva reforma es una legalización del se obedece, pero no se cumple.

Por si fuera poco, de los 22 temas que pueden tratarse en esta mal llamada historia de España desarrollada en el borrador, siete están dedicados a compromiso cívico, cinco a retos del mundo actual y sólo 15 a “sociedades en el tiempo”, de los cuales 13 son de historia contemporánea, prácticamente en su totalidad, uno de historia de género y otro de historia y método. El resultado es una propuesta de educación sobre la ciudadanía actual e histórica con evocaciones a un lejano 1812, en la que se exalta el legado democrático, la diversidad identitaria y se apunta al respeto a la identidad múltiple.

El borrador, muy mal redactado, parece más un panfleto salpimentado de flagrantes contradicciones que una propuesta de ley. Un par de ejemplos. La competencia específica octava dice que hay que valorar el patrimonio histórico y cultural, y propone realizarlo mediante el enfoque de la historia desde abajo o los talleres de historia, es decir, siguiendo la metodología marxista británica de Raphael Samuel, entre otros. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo se va a enseñar el “rico legado que se debe apreciar, conservar y transmitir” si se omite a los estudiantes el conocimiento de las sociedades y el contexto en el que se generó?

En la competencia séptima se incorpora la perspectiva de género, pero se separa de la competencia cuarta que habla de los logros de los movimientos sociales, ya que en la lucha por la igualdad y los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía no se incluye al feminismo, al que se trata como un movimiento diferente porque promueve “actitudes en defensa de la igualdad efectiva”. ¿Por qué se sustrae a la enseñanza de la historia contemporánea de España de una perspectiva transversal de género?

Así pues, en este borrador la opción de una historia tan corta, tan limitada al tiempo reciente, no es la novedad. Es el resultado lógico de la selectiva siembra contemporaneísta de treinta años atrás. La verdadera aportación de este documento es que el ministerio no establece una selección mínima de contenidos y de competencias sino un juicio sobre la historia. La duda es si el borrador es producto de una descarada ideologización desde instancias político-administrativas o es, sencillamente, una demostración de la profunda ignorancia que las elites políticas y sus asesores pedagogos tienen de nuestro pasado. Tanto si es lo primero como si es lo segundo, o ambas cosas a la vez, el asesinato de la historia de España está casi consumado. De aprobarse esta reforma procedería el cierre de departamentos universitarios y despido masivo de profesores que no impartan Historia Contemporánea. Visto lo visto, para nuestros políticos, el conocimiento de la historia, larga y compleja, es más que incómodo, es incomprensible, es absolutamente inútil.