Cancelación constitucional, infierno fiscal
Desde que la política española se convirtió en una pasarela de cine (de pueblo) y los medios regalaron sus contenidos en busca de una audiencia perseguida a cualquier precio, invirtiendo el círculo virtuoso del periodismo y convirtiéndose en escaparates virtuales, quedó clara la exactitud del lema que Dante Alighieri encontró a las puertas del Inferno: Lasciate ogni speranza. En efecto: no cabe esperar que brote agua del cauce de un río seco, igual que no es previsible --salvo para los ingenuos profesionales-- que la maldad desaparezca del mundo porque su extinción se vote mayoritariamente en una asamblea de colegio. Las cosas, por desgracia, son como son. Dicho de otra forma: el mundo es tal y como nos parece que es.
Parece una contradicción en sus propios términos, pero se trata de una progresión: si no sabemos mirar más allá de nuestras narices será imposible que podamos comprender en algún momento lo que sucede ante nuestros ojos. Se percibe en el duelo (a muerte) entre las dos vicepresidentas --Calviño & Díaz--, a las que esta semana hemos visto pasear por Trujillo con el mismo entusiasmo que Caín y Abel. La cumbre extremeña depara así una metáfora de las turbulencias internas que sacuden a un Gobierno que, gracias a las concesiones sin fin a sus socios parlamentarios --los independentistas de todas las Españas--, se ve todavía capaz de encarrilar la legislatura y ahuyentar la evidencia de su elevadísimo deterioro político.
Decimos ahuyentar en vez de conjurar con plena consciencia. Porque el problema de fondo, sobre todo para Sánchez I, El Insomne, no desaparece. Únicamente se dilata. La erosión del líder del PSOE, que ya registran los sondeos, acaba de empezar. Probablemente irá a más. Al mismo tiempo que el foco de los medios se posaba en la batalla entre ambas vicepresidentas, el precio de la luz se mantenía un 229% más caro que hace un año, el Tribunal Constitucional sacrificaba el interés (general) de los ciudadanos en favor de la voracidad de las administraciones tras dinamitar el impuesto de la plusvalía y las estadísticas del INE desmentían la optimista previsión de crecimiento económico bendecida por la Moncloa. El “absoluto realismo” de la vicepresidenta Calviño ha mudado en un duradero estancamiento. Balances en negro.
La inflación, con una tasa superior al 5%, ya causa alarma en los cuarteles financieros de Bruselas, que reitera a nuestros gobernantes que deben recortar el gasto en pensiones y favorecer los mecanismos jurídicos para que las empresas puedan ajustar sus costes a cambio de los fondos de recuperación. El maná de Bruselas trae una porción de veneno. España sigue a la cola de la recuperación. En Europa la actividad ha retornado a la normalidad previa a la pandemia. En la prensa internacional se alerta de un colapso en la cadena global de transporte de mercancías --carestía de determinados productos y, en consecuencia, su encarecimiento-- que empieza a notarse, igual que las mareas en la playa, en nuestras orillas.
Todos estos factores empeoran la existencia cotidiana. Lo mismo que el desenlace de la crisis sobre la reforma laboral. A quienes conocemos los efectos del abaratamiento del despido, bendecido por Rajoy, los cantos de sirena sobre su capacidad para crear empleo nos suenan a una milonga argentina. Lo que sí ha logrado la legislación laboral de 2011 es extender la precariedad, instaurándola como el nuevo rostro de un desempleo crónico que oficialmente no baja del 15% pero que --es la opinión de los expertos-- si lo computásemos incluyendo a los trabajadores a los que su profesión no les permite sobrevivir subiría diez puntos más. Los números facilitan los autoengaños.
¿Qué hace el Gobierno para atenuar este absoluto desastre? Pues propaganda, jugar al ajedrez político, concentrarse en su supervivencia --despreciando la de una parte de los ciudadanos, para los que la vida se ha tornado imposible-- e intensificar la senda del incremento de una presión fiscal que depauperará todavía más a una sociedad donde los pobres silenciosos y los licenciados insolventes ya forman una nueva clase media. España camina desde 2010 hacia la dualización social. En lo político, sus gobernantes la conducen --sin demasiada resistencia por parte de nadie-- a un escenario inaudito que ni permite la Constitución ni nadie ha votado: una confederación de facto de la estructura política territorial.
No es, desde luego, un fenómeno nuevo. Se trata de la superación del modelo autonómico, el único constitucionalmente establecido, que venimos contemplando en una serie que dura cuatro décadas. La novedad ahora es su súbita aceleración. En el debate político se ha instalado la idea de abrir un proceso que no es que suponga la actualización de la Carta Magna, sino que pretende una abierta cancelación constitucional. En paralelo, la coalición de izquierdas (PSOE-UP), que en sólo dos años ha endeudado al país para las próximas décadas, tiene el honor de ser el Gobierno que más ha subido la presión fiscal. Menos derechos y más tributos. Ésta es la ecuación de nuestro tiempo. A este paso lo más probable es que España se diluya definitivamente como idea política y jurídica --en eso justamente consiste la famosa plurinacionalidad-- o se instale (¿para siempre?) en la Europa famélica, pero, sin dejar nunca de pagar tributos y quebrantos a una patria en la que nadie piensa (salvo a la hora de cobrar).
