Por un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Las misiones de la universidad tienen que ver con la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación. Mientras otros países de nuestro entorno apuestan por fusionar en un único departamento ministerial amplias competencias sobre la materia; parece, por lo que se ha filtrado hasta el momento presente, que el nuevo gobierno de coalición va a obligar a que las universidades deban lidiar en esta legislatura, cuando menos, con tres ministerios: Educación, Ciencia e Innovación y Universidades.

Ello no parece responder al beneficio del sistema universitario, así como también supondrá la multiplicación de interlocutores y una puerta abierta a la aparición de problemas de coordinación interna. Convendría recordar que la CRUE ya se ha manifestado, en diferentes ocasiones, a favor de integrar en un solo ministerio el triángulo del conocimiento: educación superior, investigación e innovación. Las decisiones sobre el modelo de política científica y universitaria no debieran tomarse en función de la negociación política, sino de las necesidades programáticas de nuestro sistema de educación superior.

Si finalmente lo que debiera ser una apuesta por “integrar el triángulo del conocimiento”, acaba por transformarse en una “separación ministerial entre universidad e investigación”, será absolutamente necesario clarificar qué competencias corresponden a cada uno de dichos ministerios y tener bien presente que la universidad no debe quedar relegada, bajo ningún concepto, de la política de investigación e innovación.

Son muchos los retos a los que deberá enfrentarse un hipotético titular del ministerio de universidades: el debate y aprobación de una nueva Ley de Universidades, la aprobación del Estatuto del Personal Docente e Investigador, la mejora del sistema de financiación, la flexibilización de los planes de estudio, el relevo generacional de las plantillas y su estabilización, la rebajas de los tasas universitarias, o el cumplimiento del traspaso de las competencias sobre ordenación y criterios para la concesión de becas a las comunidades autónomas.

Este futuro ministro de universidades parece que será el Profesor Manuel Castells. Nadie puede poner en duda su prestigio en el ámbito universitario, como así lo atesoran tanto su dirección de la investigación en la Universitat Oberta de Catalunya, como su trayectoria docente durante veinticuatro años en la Universidad de Berkeley. En atención a lo que han sido sus reflexiones en los últimos años sobre nuestro sistema universitario, bien pudiera concluirse que aboga (o abogaba, pues la realidad siempre sitúa los ideales ante la necesidad de gestionar lo posible) por una cierta especialización de las diferentes universidades: “no todas las universidades pueden hacer de todo, siendo lo importante que cada una encuentre su sitio en el sistema y delimite su función”; por un fortalecimiento de la autonomía universitaria; la superación de los inmovilismos propios de ciertos sectores de la universidad (compartiendo este objetivo, debo decir que no me parece acertada la expresión de Castells cuando habla de “privilegiados funcionarios”, máxime cuando el personal de las universidades se ha visto sometido en los últimos años no solo a su precarización, sino también a múltiples exigencias de calidad que no se han acompañado de los medios económicos y personales que las hiciesen factibles); y por una reforma del gobierno de la universidad en el sentido de defender que “los rectores o rectoras sean nombrados por un conjunto de personas independientes que sean designadas por quienes aportan los recursos y sin que ello suponga una merma de su independencia y calidad”.

Esta defensa del modelo de Universidad de Patronato, quizás inspirada en su propia experiencia en la UOC, con sus pros y sus contras, bien pudiera incorporar, en el actual contexto político de crispación y bloques enfrentados, una cierta dificultad o incongruencia: ¿es posible hablar, en la práctica, de patronos o patronas independientes, sí su designación corresponde “digitalmente” a quien aporta los recursos económicos y marca, desde el gobierno, la política universitaria? Desde luego, no parece nada fácil, máxime cuando, como el propio Castells ha constatado, es necesario luchar contra “la contaminación gradual de las instituciones académicas por la podredumbre política”.

Teniendo bien presente que el modelo de Berkeley no es exportable, automáticamente, a España (yo diría que tampoco el de la UOC), demos un voto de confianza al nuevo gobierno y, en especial, si se confirma su nombramiento como ministro de universidades (mejor sería que lo fuera de ciencia, innovación y universidades), al Profesor Manuel Castells, pues atesora años de experiencia, compromiso y reflexión acerca del presente y futuro de la universidad. Esperemos que su gestión vaya más allá de un nuevo “libro blanco o verde”.