Reducir las emisiones de carbono es positivo para la economía

Un estudio publicado en la revista científica Nature Communications demuestra que reducir las emisiones de carbono tiene un impacto positivo en la economía. Según los investigadores de la Universidad de Vermont (EEUU), la disminución en la contaminación conllevaría un ahorro de "miles de millones de euros" a nivel mundial.

Los autores señalan que si las medidas implementadas cumplen con el Acuerdo de París, las muertes relacionadas por los índices de polución en el aire descenderían de forma significativa. Estos "efectos colaterales", de acuerdo con los profesores, “no se han incorporado plenamente en los análisis económicos mundiales sobre cuánto debería invertir el mundo en la acción contra el cambio climático".

Evolución de las emisiones de carbono en España / EP Data

Evolución emisiones de CO2 en España / EP Data

El futuro, pero también el presente

Budolfson, uno de los docentes que han participado en el informe, recuerda que el debate no debe centrarse siempre en términos de inversión futura. Según el científico, “haciendo inversiones inteligentes en acción climática, podemos salvar vidas ahora a través de la mejora de la calidad del aire y la salud".

Los especialistas destacan que los efectos inmediatos se experimentarían en China e India, ya que son los dos países que presentan una tasa de mortalidad más alta por contaminación atmosférica. En este sentido, Marc Fleurbaey, economista francés y profesor de la Universidad de Princeton, ha indicado que "los beneficios para la salud comienzan inmediatamente, se producen cerca de donde se reducen las emisiones y se acumulan principalmente en las regiones en desarrollo con menos responsabilidad histórica por el cambio climático".

El Acuerdo de París

En el Acuerdo de París, los gobiernos parte (195 participantes) se propusieron mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados respecto al ritmo de crecimiento en la etapa preindustrial.

También acordaron reunirse cada cinco años para realizar seguimiento y plantear nuevos objetivos, así como informar al resto de estados y a la ciudadanía sobre las políticas llevadas a cabo.