La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Su Moreno Efe Barcelona
La CUP se erige en defensa del control y la sanción sobre los pisos turísticos mientras justifica públicamente la okupación. Este lunes, el partido antisistema ha denunciado 323 inmuebles de alquiler vacacional por su presunta ilegalidad ante la Agencia Tributaria Catalana (ATC), mientras su coportavoz Su Moreno anima a "presionar" a las administraciones y perseguir "con contundencia y señalar a aquellos que especulan con la vivienda y se lucran a base de expulsar a los vecinos de su casa, de sus barrios, pueblos y ciudades".
La campaña se enmarca en un contexto en el que el Ayuntamiento de Barcelona ya prevé eliminar hasta 10.000 licencias de este tipo y donde el Govern ha dotado a los consistorios de herramientas tecnológicas para localizarlos. Es decir, las instituciones ya actúan con firmeza para enmendar la situación de descontrol en los inmuebles dedicados al turismo.
En este contexto, la CUP aporta ruido mediático e incoherencia. No habla de los propietarios que también se han visto expulsados de sus casas por la okupación que han encontrado en sus pisos, lo cual también impacta en la convivencia vecinal y vulnera el derecho a la propiedad. Mientras tanto, señala directamente a otros supuestos transgresores de la ley.
Pero la paradoja sigue. La formación independentista denuncia la especulación inmobiliaria, mientras uno de sus rostros más visibles, Eulàlia Reguant, pertenece a una familia que posee un patrimonio de 13 millones en el sector inmobiliario. Los discursos que contrastan con los hechos desvirtúan al debate político.
