Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno
El Gobierno ha sido incapaz de aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas por falta de consenso político. El Ejecutivo topa con el no de Junts, que es circunstancialmente su socio parlamentario estable.
Pero se equivoca el Gobierno de coalición si cree que la oposición a la reducción de la jornada es solo atribuible a un partido. Lo dejó claro ayer una convocatoria en Foment del Treball, la gran patronal catalana.
La propia organización que preside Josep Sànchez Llibre, con ConfeCat, la UPM, Ufec, Cedac, Acra, Barcelona Oberta, el Consell de Gremis o CeCot se conjuraron para evitar que la nueva normativa laboral vea la luz.
Y es que estiman que el impacto de esta nueva pieza legislativa puede ser demoledor para la economía catalana. Los críticos toman como ejemplo sectores económicos como el de la restauración, de gran alcance en Cataluña. Será virtualmente imposible encajar la reducción de la jornada laboral en esta industria, amén de muchas otras.
Los principales actores del tejido productivo autonómico creen que si se recortan los turnos diarios por la vía parlamentaria, los creadores de riqueza y empleo sufrirán. Haría bien la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en escucharles, algo que no ha hecho hasta ahora. Su voz pesa, y mucho.
