El presidente de Pimec, Antoni Cañete
La intención del Gobierno de reducir la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales ha suscitado un rechazo generalizado entre patronales y el sector empresarial. No sólo por los perjuicios que la futura ley pueda causar en sus cuentas de resultados si se aprueba, sino también por la forma como se está negociando: con escaso consenso y, básicamente, entre el Ejecutivo y los sindicatos mayoritarios.
Entre quienes han expresado su malestar por la situación figura la patronal de pymes catalana Pimec, cuyo presidente, Antoni Cañete, ha advertido sobre la "inviabilidad" de la propuesta, cuyo anteproyecto de ley se aprobará, previsiblemente, en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Y es que, a juicio de este y otros dirigentes empresariales, la medida supondrá un "incremento insostenible de los costes", cuyo impacto, a su juicio, sería mayor en las pequeñas y medianas empresas. Cañete, asimismo, ha denunciado el "fracaso del diálogo social", y pide que el asunto se aborde de forma global, con acciones que mejoren el trabajo y la competitividad empresarial.
El líder de Pimec acierta en muchas de sus reflexiones. El problema, sin embargo, es el lugar y el interlocutor que ha elegido para formularlas: el líder de Junts, Carles Puigdemont, a quien ayer acudió a visitar a su chalet de Waterloo (Bélgica).
Llama la atención que la primera visita de Cañete en su ronda de contactos con los partidos políticos con presencia en el Congreso para rechazar la reducción de la jornada laboral sea, precisamente, con un fugado de la justicia. Algo que podría resultar anecdótico, si no fuera por sus reiterados posicionamientos en los últimos tiempos a favor del prófugo. Entre ellos, la petición de que se aplique la amnistía del procés, un privilegio más que controvertido, y de muy dudosa constitucionalidad.
