Míriam Lanero, alcaldesa de La Jonquera, durante la inauguración de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en julio de 2024
El Ayuntamiento de La Jonquera se parapeta y se niega a devolver las miles de multas impuestas por el radar de la N-II a vecinos de este y de otros municipios gerundenses, como Agullana o Cantallops.
Los damnificados, que han recogido más de 1.900 firmas contra el dispositivo, viven un calvario a raíz de su instalación en octubre. El aluvión de sanciones es tal que Correos las ha notificado con retraso y de golpe, por lo que múltiples familias deben hacer frente al pago de varios miles de euros.
La alcaldesa Míriam Lanero tuvo a bien reunirse con los afectados. A raíz del encuentro, encargó un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento, que han rechazado los indultos; también el desmantelamiento del cinemómetro.
Para ello, se escudan en la delegación de la función sancionadora a XALOC, el ente público de la Diputación de Girona que tiene el mero papel de gestionar la recaudación. También se acogen a la Ley de Contratos del Sector Público para asegurar que "no se da ninguna causa, incumplimiento u otros motivos para resolver el contrato" con la licitadora del radar.
No obstante, los artículos 211 y 294 de dicha norma señalan la posibilidad de finiquitar las relaciones en caso de "acuerdo mutuo" e, incluso, "por interés público".
Los gobiernos municipales deben garantizar la seguridad y ordenar el tráfico, pero no a costa del sufrimiento de sus vecinos. La primera edil, de Junts, se ha comprometido a reunirse por segunda vez con los indignados, y sería de justicia que encontrara la fórmula para suspender las multas, atendiendo a las dimensiones que ha cobrado el disparate.
Autocrítica y cintura. Sólo si la alcaldesa sigue esta receta será capaz de resolver el embrollo.
