Ramon Sagales, CEO de Sagalés, en una imagen de archivo
Once empleados de la histórica compañía de autobuses Sagalés se enfrentan a peticiones de cárcel de hasta cinco años por un presunto plan continuado de apropiación indebida.
Según la Fiscalía, entre los años 2010 y 2016, los chóferes aprovecharon una vulnerabilidad en el software de los pupitres de control: desconectaban las terminales justo en el momento de la impresión de los billetes, logrando que los tickets salieran para los usuarios pero no quedaran registrados en el sistema. De este modo, presuntamente se embolsaron de forma opaca el dinero en metálico de los viajeros.
El caso, que oscila entre los 1.000 euros del acusado con menor implicación y los más de 78.000 del que más se habría beneficiado, pone bajo el foco no solo la ética de los trabajadores —que carecen de antecedentes penales—, sino también las brechas de control interno de una empresa que recibe un volumen considerable de ayudas públicas.
Que una trampa tan rudimentaria se haya podido alargar durante seis largos años sin ser detectada dice tan poco de la moral de los acusados como de la falta de reflejos y fiscalización por parte de la compañía.
Sin embargo, por ahora, habrá que esperar para conocer el desenlace: el juicio ha sido aplazado.
