Imagen de archivo de la 'consellera' Alícia Romero en el Parlament
El Govern catalán ha logrado sacar adelante, a duras penas y por la mínima, una prórroga presupuestaria con la que confía en mantener cierta estabilidad este año. Un mal menor, pues se trata de las mismas cuentas de 2023.
Y es que, por segundo año seguido, la Generalitat se ha quedado sin poder aprobar unos nuevos Presupuestos, que es lo que correspondería: el PSC ha vuelto a tropezar, por tanto, en la misma piedra con la que se topó ERC en 2024.
El Parlament aprobó ayer el decreto ley de necesidades financieras del sector público, así como otras medidas urgentes en prórroga presupuestaria, con los únicos votos a favor del PSC y sus aliados de ERC y Comuns. El resto de grupos votaron en contra.
La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, presentó dicho decreto como una vía para formalizar operaciones de endeudamiento con el límite de saldo del 2023. Y aseguró que el Govern aún aspira a aprobar los Presupuestos de 2025. Un objetivo, a día de hoy, harto improbable.
Romero reconoció que, con esta prórroga, se intenta dar una solución de urgencia y no definitiva a la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Y emplazó a los grupos parlamentarios a seguir negociando posteriores ampliaciones de crédito, para incrementar las partidas del Govern y que "los ciudadanos no sufran esta falta de Presupuestos".
En cualquier caso, esta solución intermedia no hace más que reflejar la extrema debilidad del gobierno en minoría de Salvador Illa. Y constata, una vez más, la escasa fiabilidad de sus principales aliados en la Cámara: Comuns y ERC. Sus cesiones a estos dos partidos desde hace años -los Presupuestos de ERC de 2023, de marcado signo identitario, salieron adelante gracias a los votos de los socialistas- parecen servirle, aún hoy, de muy poco.
