Joaquín Aguirre, juez titular de la sala de Instrucción número 1 de Barcelona
La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó ayer el carpetazo a la causa de la presunta trama rusa del procés independentista en Cataluña. La segunda instancia judicial ha confirmado el archivo de la pieza separada que investigaba la presunta injerencia de Rusia en el desafío secesionista de 2017.
Con ello, cae una parte fundamental del caso Voloh, en el que se examinaba el presunto desvío de fondos a la causa secesionista. Parte del procedimiento se sustentaba en la hipótesis de que hubo interferencia rusa en el desafío nacionalista.
Según la justicia, o no fue así o no hay mimbres para probarlo. Y la Audiencia lo corrobora con argumentos muy duros, aduciendo que Aguirre utilizó un "subterfugio legal" para continuar con una investigación que, anteriormente, ya le había dicho que terminara tras la amnistía del procés.
Según la segunda instancia judicial, Aguirre utilizó consideraciones "personales" en sus escritos. Algo que no debería pasar.
Negro sobre blanco, el empecinamiento del juez ha dado alas a un independentismo del cual el togado no es muy amigo, y que ahora estaba en horas bajas y fuera de la ecuación política.
El nacionalismo puede ahora hacerse la víctima por un trabajo mejorable, y de trazo grueso, del magistrado. Un flaco favor a la nueva era de concordia que vive Cataluña, donde el procés empieza a parecer una memoria lejana.
