La consejera Mónica Martínez Bravo, en una intervención anterior
El Govern de Salvador Illa (PSC) ha amnistiado a las personas en situación de vulnerabilidad que hayan cobrado prestaciones sociales autonómicas indebidas si el error en el pago es imputable a la Administración.
Lo aprobó el Ejecutivo regional ayer, en el marco de la prórroga de los presupuestos catalanes que permitirá negociar los próximos. El Consell Executiu acordó que no se exigirá el retorno de los abonos indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o Ingreso Mínimo Vital (IMV) cobrado de más, siempre que haya sido por culpa del pagador.
La medida rige para los ejercicios anteriores, y siempre que el beneficiado no haya superado el 50% del Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña (ISRC) en vigor.
Asimismo, tampoco se pedirán las cantidades si la persona está en situación de vulnerabilidad o si ha obtenido ingresos inferiores al doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023.
A diferencia de gobiernos autonómicos anteriores, y los de CiU son un ejemplo palmario, el gabinete del Illa muestra sensibilidad hacia las personas vulnerables. Se trata de una medida que corrige tendencias pasadas, cuando desde el Palau de la Generalitat, con expresidents de derechas, se libró poco menos que una guerra contra los catalanes pobres.
Ahora, el movimiento del Govern, que en el área de Derechos Sociales capitanea la consellera Mónica Martínez Bravo, muestra una sensibilidad necesaria. Cataluña precisa el crecimiento económico y la creación de empleo, pero antes no debe quedar nadie atrás.
