Gonzalo Boye, abogado del prófugo Carles Puigdemont, recurrió ayer en el Congreso a dos de los recursos habituales del nacionalismo catalán: el victimismo y el falseamiento de la realidad. En este caso, presentando a los mandatarios independentistas como supuestas víctimas de delitos de odio. Una afirmación delirante que suscitó el rechazo de partidos tan dispares como PP, Vox, Sumar, Podemos e incluso ERC.
Según Boye, estos dirigentes -que tanto poder, altos cargos y sueldos han tenido, y aún tienen, tanto en Cataluña como en el resto de España- se vieron "desprotegidos" por las instituciones durante el procés. Un infundio que cae por su propio peso, pues si alguien puso en peligro a la democracia en aquellos años de infausto recuerdo fueron, precisamente, esos mismos mandatarios secesionistas desde sus privilegiados puestos de mando. Muchos de los cuales, por cierto, alentaron y aún fomentan la hispanofobia.
Boye compareció en calidad de supuesto "experto" a propuesta de Junts en la subcomisión de Igualdad encargada de revisar los delitos de odio. Pero su discurso y sus manipulaciones no colaron. Más bien al contrario, pues en su intento de ir a por lana, salió trasquilado. Tanto, que ni siquiera obtuvo el respaldo de otra formación secesionista como ERC.
Así, desde partidos como el PP se le recordó incluso a Boye su condena por haber colaborado con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, al que aún sigue pendiente indemnizar tras haberse declarado insolvente pese a su cartera de clientes destacados. Razón por la cual la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo llegó a tildar al letrado del prófugo Puigdemont de "mercenario del odio".