El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel
La Generalitat de Cataluña ya ha empezado a hacer caja con la instalación de dos nuevos radares móviles de última tecnología. Se trata de los denominados "carro-radares", que sólo en sus tres primeros días de uso ya han multado a casi 10.000 vehículos, sobre un total de algo más de 65.000 controlados.
Ello significa que aproximadamente uno de cada seis automóviles detectados por estos dispositivos ha sido sancionado por exceso de velocidad. Una proporción elevadísima, que sin duda también se debe a los límites máximos que el Servei Català de Trànsit (SCT) fijó en los dos puntos donde los instaló: apenas 100 km/h en una autovía como la AP7 y 80 km/h en la C-31.
Que el Govern tome medidas para tratar de reducir la siniestralidad en las carreteras catalanas es algo lógico y necesario. Sin embargo, la implantación de estos nuevos radares móviles también pone en evidencia cierto exceso sancionador y afán recaudatorio. Más aún si se tiene en cuenta que su cantidad se duplicará en este puente de la Constitución, pasando de los dos dispositivos actuales a cuatro. Y que, de cara a 2026, serán ya 25.
Tal vez sería mejor, y más útil, que el servicio de tráfico dirigido por Ramon Lamiel evitara poner tanto énfasis en castigar los bolsillos de conductores y empresas y dedicara más atención a promover campañas didácticas o, al menos, a otras medidas menos punitivas. Aunque ello no sirva para que el erario recaude.
