Josep Mayoral
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La patronal sanitaria Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha recibido un golpe de los tribunales al anularle el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el contrato externalizado del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de la ciudad de El Prat de Llobregat.
El fallo es relevante porque el CSC opera diversas externalizaciones del mismo modo en varios municipios catalanes. Si el denunciante -una patronal privada- impugna esos contratos con el mismo argumento, podría lograr su nulidad, como ha ocurrido en El Prat.
La resolución, pues, supone abrir una espita por la que se pueden colar buena parte de los contratos en vigor. Máxime, cuando la Sindicatura de Cuentas ya alertó en el pasado de que CSC usaba configuraciones jurídicas irregulares para ejecutar sus servicios. Es decir, el fiscalizador del sector público de Cataluña ya le avisó del revolcón en los tribunales.
El Consorci, del que participan los entes locales de Cataluña, hace una labor importante de apoyo a los hospitales de menos envergadura. Su actividad es vital para el sistema. Pero noticias como la conocida ayer socavan su legitimidad y dan argumentos a los críticos con su operativa.
Josep Mayoral, presidente del CSC y exalcalde histórico de Granollers (Barcelona), tiene la oportunidad de poner orden a la organización empresarial. Urge hacerlo.