La 'consellera' de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Gemma Ubasart, en el Parlament / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Gemma Ubasart
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Gemma Ubasart, consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, se aferra a su sillón a las puertas de unas elecciones autonómicas adelantadas por el partido que la nombró, ERC. La máxima responsable de las prisiones catalanas, que atraviesan una gravísima crisis tras el asesinto de una trabajadora, se niega a dimitir. Ni ella ni nadie con responsabilidades directas en la organización de un sistema penitenciario catalán que está al límite.
Si bien la consigna general en política es que en contextos de campaña electoral nadie dimite para evitar mostrar una imagen de debilidad, lo ocurrido en la prisión de Mas d’Enric el pasado jueves requiere que la cúpula del departamento asuma responsabilidades de algún tipo.
Además de tratarse del primer asesinato de una funcionaria en su puesto de trabajo de todo el Estado, la cárceles catalanas registran unos datos nefastos en lo que a agresiones hacia empleados públicos se refiere. En el último año hubo 582 ataques a trabajadores, un 1% más que en 2022, según las cifras recopiladas por el sindicato CSIF. Asimismo, en 2023 se triplicaron las agresiones sexuales a los trabajadores de prisiones, 17 frente a los seis del año anterior.
Los sindicatos de prisiones llevan meses avisando del contexto extremo en el que trabajan, sin que desde la consejería que dirige Ubasart se hayan tomado medidas efectivas para frenar la espiral de violencia. Sus demandas no deben ser tomadas a la ligera.
