El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a su salida del Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica) EUROPA PRESS
Carles Puigdemont
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Carles Puigdemont, su partido (Junts) y el secesionismo gobernante en Cataluña en general se sienten envalentonados tras haber conseguido la impunidad de todos los delitos cometidos durante el procés secesionista desde noviembre de 2011. La concesión de la ley de amnistía, sin embargo, no parece que vaya a ser un buen negocio para el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, que llegaron a creer que a cambio iban a recibir el apoyo de los posconvergentes y ERC durante la legislatura.
Puigdemont agradeció ayer el privilegio concedido por los socialistas, pero al mismo tiempo les advirtió de que el pacto es sólo a cambio de haber facilitado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y que, por tanto, no pueden dar por sentado que Junts les vaya a apoyar en próximas votaciones parlamentarias, entre ellas una decisiva: la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Por si fuera poco, el prófugo insistió ayer en sus soflamas de siempre. Lejos de mostrar arrepentimiento ni propósito de enmienda por lo ocurrido en 2017 en Cataluña -algo que ni él ni sus correligionarios han hecho nunca-, Puigdemont lanzó un aviso a navegantes: "Tenemos todo el derecho a continuar el proceso de independencia, a hacer política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras del Estado", espetó en sus redes sociales. Entre ataques al Poder Judicial, el fugado recordó además que una de sus próximas exigencias será negociar un referéndum de "autodeterminación" en Cataluña.
Ni rastro, por tanto, de la supuesta "reconciliación", la "pacificación" y las continuas apelaciones a la "convivencia" que el Gobierno esgrime para justificar una amnistía de más que dudosa legalidad democrática. Y que, más que apaciguar, sólo hace que añadir gasolina a un fuego que, antes de las pasadas elecciones generales, parecía ya casi apagado.
