El consejero delegado de Endesa, José Bogas / ENDESA
José Bogas
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El complejo escenario energético que se vive desde hace unos años, agravado por la incidencia de la pandemia, ha llevado a la mayoría de los operadores y las empresas a arduos procesos de renegociación de contratos con el fin de buscar la mejor solución para adaptarse a la fuerte subida de precios.
En el caso de Endesa, sus desavenencias con uno de los proveedores llegaron a las casi siempre procelosas aguas de los tribunales de arbitraje, que han fallado en contra de los intereses de la empresa dirigida por su consejero delegado, José Bogas, que deberá ahora asumir el pago de unos 530 millones de euros, según dicta un laudo del tribunal de la Cámara de Comercio Internacional.
Una medida que influirá en la revisión de la política de dividendos que realizará el consejo de la compañía el próximo miércoles. El principal afectado será su matriz, la estatal italiana Enel, que controla un 70% del capital, pero también miles de pequeños accionistas que podrían ver mermados los ingresos previstos por este concepto como consecuencia de una arriesgada estrategia en la que, una vez más, Endesa no ha logrado salirse con la suya.
