Jaume Asens está disfrutando de un desmedido y preocupante protagonismo político desde que Pedro Sánchez (PSOE) decidió poner su investidura en manos de ERC y Junts per Catalunya. El exdiputado de En Comú Podem ha asumido el rol de negociador de Sumar con los partidos secesionistas para que éstos apoyen la formación de un nuevo Gobierno a cambio, como mínimo, de una amnistía para los condenados y encausados por el procés. Una medida de gracia de más que dudosa legalidad, que rompe la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y a la cual se está entregando con ahínco.

Por más que la parte socialista del Gobierno diga que el plan de Asens para dar la impunidad a los encausados del 1-O no es el suyo, debería marcar distancias con él de forma muy clara. Para empezar, porque el dirigente de los comuns es juez y parte en esta cuestión: no sólo porque en su día apoyó el referéndum ilegal y unilateral, reconoció haber colaborado en la huida del prófugo Toni Comín a Bélgica, y calificó al también fugado Carles Puigdemont como "presidente legítimo", sino por toda su trayectoria anterior y posterior, de un marcadísimo sesgo nacionalista. Y por haber cargado las culpas de lo ocurrido en el PP y en el Poder Judicial, en vez de en quienes realmente perpetraron dichos actos.

Ahora, Asens sostiene como un gran logro que el llamado "Dictamen para una propuesta de ley de amnistía" de Sumar implicaría la renuncia a la "unilateralidad" por parte de los mandatarios de la Generalitat. Lo cual roza el surrealismo: no sólo porque nada lo garantiza -ningún mandatario del procés ha expresado nunca arrepentimiento ni pedido disculpas-, sino porque esa unilateralidad es, con la injustificable amnistía o sin ella, del todo ilegal e inaceptable en cualquier circunstancia. Sólo faltaría.

Noticias relacionadas