Jordi Soler

Las quejas del alcalde de Calonge i Sant Antoni (Girona) respecto al impacto sobre la economía local de los botellones diarios que se sufre la localidad no deben caer en saco roto. El incivismo es un problema de convivencia y ya no supone solo un reto para las grandes ciudades, también para localidades como esta del Baix Empordà donde existe una ordenanza municipal donde se prohíbe que se instalen discotecas en el municipio. Es decir, hay una gestión consciente para evitar las fiestas descontroladas y la cara menos amable del ocio nocturno para captar más turismo familiar, la base de su economía.

Con todo, pedir el toque de queda no es el camino. Los derechos fundamentales tienen una protección especial y no se puede aplicar una medida que los restringe solo por una cuestión de convivencia ciudadana y económica. En este caso, es la Consejería del Interior la que tiene deberes pendientes.