Las defensas del ‘caso Negreira’ se rebelan contra el juez Aguirre

Estupefacción general. Es lo que ha generado el último auto del juez Joaquín Aguirre en relación al caso Negreira. Aunque ya se venía mascando la tragedia desde hace un mes, cuando en este medio avanzamos la posibilidad de que se imputase a los investigados un delito de cohecho en paralelo a los otros tres delitos que se investigan –corrupción deportiva en los negocios; apropiación indebida en la modalidad de distracción; falsedad en documento mercantil–, lo cierto es que el escrito judicial ha levantado ampollas. No tanto por el objeto del mismo, que también, sino, especialmente, por el contenido y la forma.

La autoridad y sobriedad con la que el juez Aguirre se pronuncia en sus autos judiciales está generando un elevado grado de descontento en las defensas. Las intuiciones de su señoría se han convertido en afirmaciones irrevocables sobre el papel cuando todavía no se han llevado a cabo los procedimientos probatorios necesarios como para determinar que unos hechos indiciarios se puedan considerar como hechos probados. De sus escritos se desprende que el Barça es culpable antes de ser juzgado, sin atenerse a la presunción de inocencia. 

Recursos de cara al lunes 

Es por este motivo que tanto los abogados del FC Barcelona como los de los restantes investigados --Rosell, Bartomeu, Grau y Soler-- están trabajando a marchas forzadas para presentar un recurso al citado auto. Según ha podido saber Culemanía, todas las partes de la defensa están actuando de manera coordinada en la interposición del recurso. Este viernes han estado estudiando el cómo y esperan presentarlo el próximo lunes bajo la misma forma jurídica.

El hecho de que existan esos pagos y no se hayan dado unas explicaciones públicas convincentes han llevado al juez a actuar como si del Fiscal se tratara. Así, el magistrado imputa a los acusados un delito que no está probado y asevera que “por pura lógica”, la finalidad de esos pagos durante 18 años por un total de 7,3 millones de euros era la de influir en el estamento arbitral y sacar un beneficio en los resultados deportivos.

Las defensas discrepan en todas estas cuestiones que son tan palmarias para el juez Aguirre y consideran que el hecho de que el Barça pagase ese dinero no perseguía ningún beneficio arbitral. Cosa que, además, es indemostrable. Desde el club siempre han sostenido, y así lo dirán las defensas, que se hacía un seguimiento profesional de los arbitrajes recibidos para poder ponderar si eran justos o no.

Negreira, ¿funcionario público? 

En ningún caso contempla el juez la vía del chantaje de Enríquez Negreira al Barça, otra hipótesis no probada, pero que tampoco debe descartarse, y simplemente sostiene que el Barça efectuó los pagos con la mentada finalidad de beneficiarse.

En tercer lugar, el juez abre la vía del delito de cohecho y lo da por seguro porque “el Barça pagó”, con lo cual es imputable un delito de cohecho activo, y porque “Negreira tiene la condición de funcionario público en tanto que la RFEF lleva a cabo una función pública”. Las defensas también discrepan en este punto, ya que sostienen que la RFEF es una entidad privada y sirven como ejemplo todas las dificultades que el Gobierno de España está teniendo para destituir a Luis Rubiales de su cargo. Si fuese pública no habría sido un problema.  

La prescripción del cohecho amenaza a Laporta 

El último aspecto que puede ser decisivo de esta irrupción del delito de cohecho es la posibilidad de que cambien las prescripciones. Mientras los otros delitos imputados prescriben a los 10 años, el delito de cohecho podría prolongar su prescripción hasta los 15 años en función de la gravedad de las penas. En ese caso, los dos últimos años del anterior mandato de Joan Laporta no estarían exentos de responsabilidad y cabe la posibilidad de que el actual presidente azulgrana acabe también entre los investigados, según algunos especialistas penales.