Puede que fuese un volcán dormido, pero no apagado. Las investigaciones relacionadas con el caso Negreira siguen su curso, a pesar de que el foco mediático se haya desplazado en las últimas semanas hacia los fueros internos de la Federación y su polémica con el fútbol femenino.
Este jueves, se ha podido saber que la Guardia Civil ha llevado a cabo una entrada y registro en las dependencias del Comité Técnico de Árbitros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en busca de documentación de la trama Negreira sobre presunta corrupción deportiva.
En busca de las actas de las reuniones
Un caso en el que, recordemos, figuran como imputados el FC Barcelona y los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell. El objetivo principal de la inspección, secundada por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre, es recabar información y pruebas para aclarar si quien fuera vicepresidente del organismo arbitral, José María Enriquez Negreira, favoreció de alguna forma al club azulgrana a la hora de designar los colegiados para cada uno de los compromisos.
Algunos de los documentos que se pretenden revisar son las actas de las reuniones del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en las que participó el exjefe arbitral ahora imputado y que cobró, a través de una de sus sociedades o de su hijo, alrededor de siete millones de euros en 18 años.
A principios del mes de septiembre, el juez Aguirre ya anunció que solicitaría a la Federación los cuestionarios realizados por el comité a los profesionales del colectivo arbitral, así como los mensajes, ya fueran por WhatsApp o de otra aplicación, del comité con Enríquez Negreira y su hijo.
Una posible corrupción sistémica
En una de sus últimas resoluciones, el magistrado destacó que podría existir una "corrupción sistémica" en el Comité Técnico de Árbitros y que se debía "avanzar en la hipótesis relativa a la posible influencia" que el excolegiado, "sea directamente o a través de su hijo", pudiera haber ejercido sobre sus homólogos.
A la forma de entender del juez, el club azulgrana podría haber pagado "a uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros para diseñar un determinado tipo de arbitraje". Unas sospechas y acusaciones que, en cualquier caso, deberán demostrarse. De momento, en su auto de este jueves, Joaquín Aguirre ya atribuye a la entidad azulgrana y al resto de investigados, entre ellos los expresidentes del club Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el delito de cohecho.